El diputado Gerardo Pliego presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la transparencia y reducir la corrupción en los gobiernos municipales, mediante una profunda reforma en las contralorías. Estas iniciativas surgen en el contexto de la desaparición de un instituto de transparencia, que el legislador califica de “viciado” y que no cumplió con las expectativas.
Pliego Santana expresó que el objetivo principal es simplificar el acceso a la información pública, eliminando pasos innecesarios en el proceso. Actualmente, los ciudadanos deben solicitar información a un órgano externo, que a su vez la demanda a las dependencias correspondientes, llevando el proceso a ser más largo y burocrático.
Reconociendo que las contralorías están generalmente alineadas con los intereses del presidente municipal en turno, el diputado subrayó que es imprescindible realizar una reforma estructural de estos órganos para garantizar su independencia y eficacia.
Por ello, propone dos cambios fundamentales: primero, que las funciones de fiscalización y transparencia pasen desde el extinto instituto a las contralorías municipales, órganos de control interno en los organismos públicos descentralizados y a la Secretaría de la Contraloría.
Segundo, que estas modificaciones permitan no solo facilitar el acceso a la información, sino también fortalecer la vigilancia, acelerar la detección y sanción de irregularidades y sancionar la corrupción de manera más expedita.
En cuanto a la desaparición del instituto, el diputado explica que fue motivada, en parte, por los gastos excesivos y malos manejos de fondos por parte de los comisionados, quienes gozaban de autonomía y presupuesto propio para destinar recursos sin control, lo que generó escándalos, incluyendo viajes costosos.
Aunque se han presentado denuncias relacionadas con corrupción, Pliego admite que la falta de sanciones transparentes y efectivas ha alimentado el escepticismo, y que todavía falta mucho por hacer para que estas acusaciones se resuelvan.
Asimismo, señaló que los procesos de fiscalización continúan con el Órgano Superior de Fiscalización, aunque reconoce que la burocracia dificulta una respuesta rápida y efectiva a las irregularidades.
Finalmente, afirmó que la extinción del instituto no implica una vulneración al derecho constitucional a la transparencia, ya que las funciones de acceso a la información serán transferidas directamente a las contralorías municipales, dependencias, secretarías y órganos de control interno en los organismos autónomos.
