La bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para fortalecer las penas contra quienes recluten a niños, niñas o adolescentes para incorporarlos a pandillas o involucrarlos en actividades delictivas. La propuesta busca sancionar con mayor rigor a quienes formen parte de estructuras criminales dedicadas a cometer delitos graves.
El proyecto plantea penas de hasta 60 años de prisión y multas que equivaldrían a ocho mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente 905 mil pesos, para quienes obliguen a menores a fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas, así como a realizar tareas como vigilancia, mensajería, transporte o custodia de objetos relacionados con ilícitos.
La pena máxima se aplicaría en casos en los que el reclutamiento sea perpetrado por familiares, tutores o personas con autoridad sobre la víctima, acompañados de violencia física o psicológica. Además, se consideran agravantes situaciones como orfandad, abandono, discapacidad, migración de la víctima, o participación de servidores públicos que abusen de sus funciones.
En casos donde no se presenten estas circunstancias agravantes, las sanciones serían de 30 años de prisión y multas equivalentes a cuatro mil veces la UMA, unos 452 mil 560 pesos al valor actual.
Actualmente, el Código Penal solo incluye algunas conductas relacionadas con el reclutamiento forzado de menores, bajo el apartado ‘De las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho’, con penas que no superan los 10 años de prisión. Por ello, la iniciativa propone crear un capítulo específico titulado ‘Delito de Reclutamiento Forzado de Niñas, Niños y Adolescentes’.
Según datos de la Secretaría de Gobernación, en 2022, más de 20 mil menores en México fueron reportados en situación de reclutamiento forzado, con aproximadamente uno de cada cinco, es decir, casi 4 mil, en calidad de desaparecidos o no localizados. La Red por los Derechos de la Infancia en México estima que alrededor de 200 mil menores están en riesgo de ser captados por grupos delictivos, especialmente en estados como Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y el Estado de México.
