A 15 años del feminicidio de su hija Mariana Lima, Irinea Buendía acudió este miércoles al Congreso del Estado de México para presentar una iniciativa de reforma que busca penalizar a los servidores públicos que nieguen justicia en casos de violencia contra mujeres por motivos de género.
Acompañada del activista Pablo Navarrete, colocó un memorial con cruces rosas y flores frente a la sede legislativa, en honor a las víctimas y como símbolo de la persistente impunidad.
La propuesta propone crear el delito de ‘Negación de la justicia por razones de género’, que conllevaría penas de cuatro a diez años de prisión, multas de 100 a 150 días y la destitución o inhabilitación de quienes, siendo responsables de investigar o sancionar delitos contra mujeres, fallen en su deber por actos de corrupción, omisiones o negligencias. Esta figura se incorporaría al artículo 353 del Código Penal del Estado de México.
Asimismo, plantea reformar el artículo 50 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que la Fiscalía tenga la obligación legal de investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujer, incluyendo aquellas inicialmente reportadas como suicidios o accidentes.
Con estas modificaciones, el Estado de México sería la primera entidad en legislar conforme a la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Mariana Lima, emitida en 2015.
Desde el feminicidio de Mariana en 2010, más de 30 mil mujeres han sido asesinadas en México, según cifras oficiales, con un promedio de nueve casos diarios.
La iniciativa enfatiza que muchas de estas muertes no son investigadas como feminicidios, impidiendo que las familias accedan a justicia, verdad y reparación. Además, advierte que el desinterés o desconocimiento de los operadores del sistema judicial, respecto a la sentencia de la SCJN, perpetúa prácticas que revictimizan a las víctimas.
Durante la entrega del documento, Irinea Buendía expresó que su lucha busca evitar que otras madres experimenten el mismo dolor. Recordó que la sentencia contra el feminicida de su hija se obtuvo en 2023, trece años después de los hechos, pero aún no es definitiva, lo que impide concluir el proceso judicial y lograr la reparación del daño.
La propuesta busca traducir en políticas públicas los lineamientos establecidos por la Corte, para garantizar un acceso real a la justicia.
El abogado Pablo Navarrete aclaró que esta figura penal sancionaría no solo las acciones de cerrar casos indebidamente, sino también las de frenarlos, desvíarlos o negarlos desde el inicio, acciones que vulneran derechos fundamentales por motivos de género.
La reforma también obliga a la Fiscalía a investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujer, incluyendo suicidios y accidentes, situación que actualmente no está claramente estipulada y ha derivado en interpretaciones discrecionales y en impunidad.
Además, la iniciativa subraya la importancia de establecer procesos permanentes de capacitación y sensibilización en temas de género para el personal del sistema de justicia, con el fin de prevenir juicios inadecuados y garantizar acompañamientos profesionales, empáticos y respetuosos.
La diputada morenista Jennifer González, encargada de recibir la iniciativa, afirmó que aún no hay fecha para su análisis en comisiones, pues depende de la agenda legislativa, aunque confió en que pueda avanzar en el próximo periodo ordinario, promoviendo una agenda construida con víctimas, especialistas y sociedad civil.
Esta propuesta no solo busca crear una figura penal innovadora, sino también establecer medidas que obliguen al Estado a actuar con diligencia, sancionando omisiones institucionales y garantizando el acceso efectivo a la justicia.
El acto concluyó con un memorial silencioso, en el que cruces rosas y flores blancas con los nombres de mujeres asesinadas conmemoraron la lucha continua por el reconocimiento y justicia para las víctimas y sus familias, que no deben esperar años ni caminar solas en busca de la verdad.
