El grupo parlamentario de Morena en el Senado realizó modificaciones a la reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso el pasado 15 de septiembre. Mientras el oficialismo argumenta que las reformas buscan modernizar y agilizar los procesos de amparo, expertos y opositores advierten que estas modificaciones representan un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos.
La Ley de Amparo es uno de los principales instrumentos jurídicos en México, ya que permite a personas físicas o morales impugnar actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos fundamentales. Es una herramienta clave para balancear el poder del Estado y defender libertades individuales.
La propuesta de reforma generó controversia. El Gobierno afirmó que busca frenar el uso excesivo del amparo por empresas y grupos de interés, pero juristas alertan que también podría limitar la capacidad de los ciudadanos comunes para defenderse frente a acciones arbitrarias del Estado.
Entre las principales modificaciones promovidas por Morena en la reforma, destacan:
- La obligación del quejoso de demostrar una lesión concreta y diferenciada, eliminando amparos basados en daños hipotéticos.
- La limitación de suspensiones provisionales, especialmente en casos de bloqueo de cuentas bancarias y deuda pública, requiriendo que quienes promuevan estos recursos prueben la legalidad de sus argumentos.
- La implementación de plazos específicos para el cumplimiento de sentencias y sanciones en caso de desacato por parte de las autoridades.
- La regulación del proceso de amparo en modalidad virtual, con medidas para garantizar el acceso de personas sin conectividad tecnológica.
- La posibilidad de realizar trámites en línea solo en casos expresamente previstos en la ley, para agilizar los procedimientos.
- Reglas más estrictas para garantizar la observancia oportuna de las resoluciones judiciales.
- La adaptación de la ley al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La iniciativa ha generado polémica. Organizaciones civiles y abogados señalan que la definición más restrictiva de interés legítimo podría excluir a colectivos y ciudadanos sin recursos suficientes para comprobar un daño directo. También advierten que limitar las suspensiones dará mayor protección a las autoridades frente a actos arbitrarios, y que la digitalización del proceso, aunque positiva, puede dificultar el acceso a sectores vulnerables sin acceso a internet.
La abogada Melissa Ayala indicó que la reforma podría hacer que el proceso de amparo sea más complejo y costoso, situación que contraviene la finalidad de esta herramienta como un mecanismo accesible para la protección de derechos.
Luego de aprobarse en comisiones, Morena tiene previsto discutir y votar la reforma en el pleno del Senado, programado para este miércoles, en un contexto de fuerte polarización entre el oficialismo y la oposición.
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