El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de aplicar un arancel global del 10% bajo una autoridad legal inédita, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, en sustitución de medidas suspendidas por un fallo de la Corte Suprema. Esta sección permite la imposición de aranceles temporales durante un máximo de 150 días, sin requerir investigaciones previas ni consultas, lo que otorga una respuesta rápida en escenarios de crisis económica.
Trump criticó duramente a algunos miembros del tribunal que anularon anteriores aranceles, calificando su actuación de 'vergonzosa' y señalando que buscará 'grandes alternativas' para proteger la economía estadounidense. La decisión de activar la Sección 122 se produce en un contexto donde el debate sobre la autoridad presidencial para adoptar medidas proteccionistas sin consenso legislativo está vigente, especialmente tras las limitaciones judiciales a la Ley de Facultades Económicas de Emergencia Internacional (IEEPA).
Originalmente creada para afrontar emergencias en pagos internacionales, como déficits severos o depreciación rápida del dólar, la Sección 122 ha permanecido prácticamente inactiva desde 1973, momento en el que Estados Unidos adoptó un sistema de tipos de cambio flotantes. En décadas recientes, las políticas monetarias y fiscales han reemplazado estas restricciones comerciales para gestionar las cuentas externas, limitando el uso de esta herramienta legal.
La sección permite al presidente imponer recargos temporales de hasta el 15% en importaciones o establecer cupos para productos extranjeros, sin necesidad de demostrar prácticas desleales ni invocar cuestiones de seguridad nacional, a diferencia de otras medidas arancelarias anteriores. Esta flexibilidad facilita respuestas inmediatas ante crisis, aunque su uso y alcance podrían ser cuestionados en tribunales o en la Organización Mundial del Comercio.
Las medidas bajo la Sección 122 expiran automáticamente después de 150 días, a menos que el Congreso las prorrogue. Como esta norma no requiere investigaciones ni consultas previas, su implementación permite decisiones rápidas, aunque desde un punto de vista económico esta justificación es debatible y puede interpretarse en función de una crisis de balanza de pagos, más que de las circunstancias originales del estatuto.
