¿Te has preguntado alguna vez cómo una simple investigación puede envolver a alguien en un proceso legal sin que esté directamente relacionado con un caso tan complejo como Ayotzinapa? La historia del nutriólogo Irving “N”, de 33 años, revela una trama que va más allá de lo que parece.
En Almoloya de Juárez, en el penal federal del Altiplano, Irving enfrenta un proceso penal por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, así como por la presunta posesión de drogas. Estas acusaciones surgieron tras una operación en su domicilio en Iguala, Guerrero, llevada a cabo el 26 de noviembre por la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, las autoridades aclaran que no hay cargos directos vinculados al caso Ayotzinapa en su contra.
Su familia asegura que Irving nunca trabajó en funerarias como Rueda o El Ángel, ni en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, contrariamente a las acusaciones que le relacionan con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. El propio nutriólogo, desde su reclusión, mantiene la calma y sospecha que pudo haber una confusión de identidad, ya que desconocía el motivo de su presunta implicación en el caso.
Irving entró al sector salud en 2013, tras cubrir turnos en un centro de salud local, y obtuvo su cédula profesional en 2017. Desde entonces, trabajaba a tiempo completo en ese mismo centro. El día del operativo, la madre del joven fue notificada por una vecina de un cateo en su vivienda en la colonia Nicolás Bravo, a las cinco de la mañana, seguido de otra revisión en una segunda propiedad en la calle Ramón Corona, en el centro de la ciudad, una hora después.
Curiosamente, durante el operativo, las cámaras de vigilancia del inmueble fueron llevadas por los agentes federales, y las propiedades aseguradas están relacionadas con delitos de desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada. Pero la familia asegura que el proceso en su contra no está vinculado a dichos delitos a nivel formal.
El delito principal por el que enfrenta cargos es la portación de arma de uso exclusivo del Ejército y la posesión de pastillas presuntamente como droga. El juez le concedió dos meses para presentar pruebas y avanzar en la investigación, periodo que vence el 28 de enero de 2026.
Un dato importante: la familia desconoce la identidad y paradero de dos mujeres supuestamente detenidas en los cateos, ya que al momento de la intervención, el nutriólogo se encontraba solo y la segunda vivienda en la que se realizó la revisión estaba vacía. Además, los agentes se llevaron las cámaras de vigilancia, lo que genera más incógnitas.
Aunque los sellos de aseguramiento en las propiedades mencionan delitos relacionados con la desaparición forzada por particulares y organizaciones criminales, la familia insiste en que no existen acusaciones formales contra Irving vinculadas a Ayotzinapa. La audiencia reveló que los agentes del Ministerio Público afirmaron que el joven permaneció sin testigos durante la lectura de la orden de cateo, una situación que la familia califica de irregular.
¿Debe la ciudadanía exigir una revisión más justa? La familia ha manifestado su intención de convocar una marcha para exigir una investigación imparcial y la pronta liberación de Irving, apoyada por trabajadores del sector salud. Mientras tanto, lo que parece ser una historia de justicia y persecución se desarrolla en medio de un escenario donde las investigaciones relacionadas con testimonios y operaciones en diversas propiedades continúan - especialmente en funerarias y la morgue local, relacionadas con las desapariciones de los 43 estudiantes.
¿Hasta dónde llegará esta historia? ¿Será simple confusión o hay algo más que aún no se revela? La incertidumbre sigue intacta, pero la lucha por esclarecer la verdad no se detiene.
