¿Te imaginas un presupuesto que no solo avanza en cifras, sino que también refleja prioridades y tensiones políticas? Pues eso acaba de suceder en el Estado de México. El Congreso estatal, en un movimiento que reafirma su respaldo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, aprobó el paquete fiscal para 2026, destinando 410 mil 342 millones de pesos a acciones que impactarán el día a día de millones.
Este acuerdo, que en apariencia deja sin opción la contratación de deuda por tercer año consecutivo, en realidad fue un terreno de debate intenso, con voces de distintas bancadas que buscaron poner a prueba las prioridades del gobierno. ¿El resultado? Un consenso que, aunque muestra unión, también revela diferencias al ajustar recursos hacia áreas clave.
Por ejemplo, los recursos para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), seguridad pública, justicia y infraestructura vial, fueron redistribuidos con un objetivo claro: fortalecer el bienestar social y la operación del Estado. En palabras de José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, esto fue posible gracias a una estrecha colaboración que permitió consensos en áreas de gran impacto.
Uno de los cambios más destacados fue la eliminación del aumento en los años de servicio para la jubilación en el ISSEMyM, una propuesta promovida por Morena, PT y PVEM, que pretendía elevar la edad de retiro a 65 años para 2029. Esta modificación refleja una clara intención de mantener estable el sistema de pensiones.
Los presupuestos también muestran un énfasis en el bienestar y servicios básicos: para el agua, se destinarán 7 mil 647 millones de pesos para fortalecer la gestión hídrica y los organismos operadores, promoviendo un acceso más universal y eficiente.
En seguridad, la Secretaría contará con 21 mil 272 millones de pesos, con el propósito de fortalecer a las policías municipales y mejorar su equipamiento, mientras que la Fiscalía General de Justicia tendrá 5 mil 403 millones y los recursos para justicia alcanzarán los 10 mil 197 millones.
Infraestructura vial recibe un impulso con más de 6 mil 544 millones, además de fondos específicos para programas cómo 'Bachetón' y 'Caminos del Oriente', que mejorarán las condiciones en las calles y caminos del Estado. En materia de género, se mantiene una partida de 260 millones para atender emergencias por violencia feminicida y desapariciones, asegurando recursos para el Fondo Estatal de Desaparición y el Consejo Ciudadano.
El sector salud también recibe una inversión significativa, con 8 mil millones de pesos no etiquetados para el Instituto de Salud del Estado de México, permitiendo mayor flexibilidad en la compra de medicamentos y atención en emergencias.
Este paquete fiscal, que además incluye leyes de ingresos, reformas normativas y el financiamiento FAIS Municipal, revela una visión en la que la atención social, la seguridad y la sostenibilidad financiera toman protagonismo. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo impactarán estos cambios en la vida cotidiana de los mexiquenses? La respuesta la veremos en los próximos meses, pero lo que está claro es que la política fiscal del Estado de México se mantiene en el centro del escenario, equilibrando respaldo y debate.
