El radón, un gas noble, radioactivo e invisible que proviene de la desintegración del uranio en el suelo, puede acumularse en edificios y representar un riesgo para la salud, siendo una de las principales causas de cáncer de pulmón tras el tabaquismo. En Argentina, solo la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) realiza mediciones en instalaciones reguladas y viviendas cercanas, dentro de programas limitados de vigilancia radiológica ambiental. Desde los años 80, ha llevado a cabo campañas en distintas regiones, generando información valiosa sobre niveles residenciales, pero aún no existe un mapa nacional ni una autoridad claramente definida para regular los NORM (Materias Radioactivas de Origen Natural). A pesar de las mediciones parciales, no se cuenta con una estrategia oficial a gran escala para evaluar sistemáticamente el radón en todo el país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte reiteradamente sobre los peligros del radón, cuyo riesgo no está limitado solo a regiones montañosas: estudios en países como Reino Unido muestran que niveles peligrosos pueden encontrarse en terrenos llanos, dependiendo de la geología y las características de construcción. La inacción deja un vacío en la protección de la salud pública, en contraste con países como Estados Unidos y la Unión Europea, que ya legislaron y recomiendan medir y mitigar el radón en edificaciones. La evidencia científica confirma que la exposición no controlada al radón es la segunda causa principal de cáncer de pulmón a nivel mundial, según la OMS, superada solo por el tabaquismo. Estudios en Reino Unido, EE.UU., Suecia y Canadá indican que regiones en terrenos llanos también presentan niveles que requieren intervención. Como profesional en salud pública y radioprotección, he visto la limitada conciencia sobre este tema y la necesidad de informar y tomar acciones concretas para proteger a nuestras familias y trabajadores. Ejemplos como la mina La Carolina en San Luis, donde se documentaron niveles elevados de radón que afectan a los trabajadores, revelan que Argentina ya tiene antecedentes que requieren atención. La población en mayor riesgo incluye quienes viven o trabajan en sótanos mal ventilados, en escuelas antiguas o en terrenos con uranio natural, además del personal de subterráneos y minas. Cada año que se pospone, más personas quedan expuestas a este riesgo prevenible. Por ello, es fundamental integrar la medición y mitigación del radón en las políticas de salud pública nacionales, siguiendo el ejemplo de países que ya han tomado medidas. La protección de los argentinos requiere de una estrategia clara y decidida para abordar este peligro silencioso.
