El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz confirmó la condena a prisión perpetua para Pablo Alejandro Núñez, declarado culpable por el femicidio doblemente agravado de Jesica Minaglia, ocurrido en Piedra Buena durante la cuarentena por COVID-19 en abril de 2020. La decisión final desestimó el recurso de casación presentado por la defensa, que alegaba nulidades y supuestas irregularidades en el proceso.
La Sala consideró que la sentencia de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial fue integral, lógica y racional, sin errores ni arbitrariedades, en línea con los precedentes judiciales nacionales e internacionales, como el fallo 'Casal' de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la sentencia 'Herrera Ulloa vs. Costa Rica' de la Corte Interamericana.
La defensa, liderada por Mauricio Marian y Santiago Pinto, había cuestionado la validez de declaraciones de familiares del acusado y la cadena de custodia de las zapatillas con rastros de sangre, además de tildar la sentencia de 'arbitraria'. Sin embargo, el tribunal descartó estos planteos, señalando que las declaraciones no fueron utilizadas como pruebas de cargo y que la cadena de custodia fue respetada.
El fallo destacó la presencia de la fiscal durante el allanamiento como una garantía que fortaleció la legalidad del procedimiento, especialmente en el contexto de violencia de género. La investigación incluyó testimonios de familiares y amigas de Jesica, quienes relataron el acoso y hostigamiento que ella sufría, además de una supuesta mentira del acusado respecto a los cuidados del hijo de ambos.
Las pruebas científicas jugaron un papel clave, con pericias que confirmaron la presencia de sangre de la víctima en las zapatillas del acusado y cámaras de seguridad que evidenciaron sus desplazamientos en la noche del crimen con supuesta intención de evadirla.
El informe del médico forense, Francisco Echandi, estableció que Jesica murió a causa de múltiples golpes en el cráneo en un acto de violencia extrema motivada por razones de género, conocido como 'over killing'. La pericia psicológica del perfil del acusado, exmiembro de la Policía de Santa Cruz, describió conductas planificadas, metodológicas y frías, evidenciando una planificación previa y uso de sus conocimientos para intentar ocultar las pruebas.
La resolución, fechada el 30 de octubre, fue firmada por la presidenta del Tribunal, Renéé Guadalupe Fernández, acompañada por otros magistrados y el secretario Fernando Costabel. La decisión rechazó el recurso de casación y ratificó la condena, reservándose el caso para un eventual recurso federal presentado por la defensa.
