Durante la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México (SAE) y Municipios, se rechazó por mayoría la implementación del Sistema 5 de Denuncias Públicas, una plataforma destinada a centralizar reportes ciudadanos sobre actos administrativos irregulares y posibles casos de corrupción.
El acuerdo, sometido a votación, buscaba crear un mecanismo único para que la ciudadanía pudiera presentar denuncias, las cuales serían canalizadas a las autoridades competentes con un seguimiento transparente. Sin embargo, la propuesta no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.
Este no fue el primer intento, ya que en la sesión anterior, el 30 de abril, la votación también terminó en empate, por lo que se pospuso la decisión para la presente reunión con la esperanza de que la asistencia completa facilitara su aprobación. No obstante, el resultado fue en contra de lo esperado por los proponentes.
Aunque la sesión no detalló las razones específicas del rechazo, algunos integrantes de la Comisión señalaron que el sistema requería mayor análisis técnico y ajustes previos a su implementación. Se anticipa que el tema será retomado en futuras mesas de trabajo para su posible reformulación.
Por otra parte, se aprobó por unanimidad la puesta en marcha del Sistema 1, que comprende la declaración patrimonial de servidores públicos, declaración de intereses provenientes de vinculaciones económicas o posibles conflictos de interés, así como constancias de presentación de la declaración fiscal.
Este sistema, considerado una herramienta fundamental para la prevención de la corrupción, permitirá detectar irregularidades como enriquecimiento inexplicado, mediante la comparación entre los ingresos y bienes declarados de los funcionarios.
Representantes de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC) destacaron la importancia de esta medida, ya que contribuirá a transparentar el patrimonio de los servidores públicos y a identificar riesgos de corrupción, además de verificar posibles incongruencias entre las ingresos de los funcionarios y sus declaraciones.
También se enfatizó que la plataforma facilitará mecanismos de rendición de cuentas, puesto que los datos serán públicos y accesibles para la ciudadanía.
Otro punto relevante fue la presentación de un informe de seguimiento sobre la adopción de los Sistemas 2 y 3, relacionados con contrataciones públicas y servidores sancionados en los municipios.
Entre los avances reportados, se mencionó la firma de 41 convenios entre la Secretaría Ejecutiva y los gobiernos municipales, así como la capacitación en el uso de la plataforma a 51 municipios y 6 organismos auxiliares.
Se reconoció el esfuerzo de las autoridades locales, aunque se advirtió que persisten retos en la implementación, especialmente en municipios con menor capacidad tecnológica.
Asimismo, se discutió una reforma a la Ley Orgánica Municipal que busca obligar a todos los municipios a crear sistemas municipales anticorrupción, establecer órganos de control interno y habilitar ventanillas de denuncia ciudadana. La propuesta fue aprobada para su análisis en mesas de trabajo, con la finalidad de perfeccionarla antes de remitirla al Comité Coordinador y posteriormente a la Legislatura local.
Finalmente, los participantes coincidieron en que, pese al rechazo al Sistema de Denuncias Públicas, la aprobación del Sistema 1 y los avances en capacitación municipal representan avances en la estrategia anticorrupción del Estado de México.