La polémica en torno a la oposición del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, a la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, se intensifica con la llegada de una recusación en su contra. Este lunes 20 de octubre de 2025, se supo que un ciudadano, Alfonso Alegre Roa, presentó una solicitud de impedimento ante la Corte, argumentando que Ibáñez exhibe una “falta de imparcialidad y enemistad ideológica con el Gobierno Nacional”.
En el documento, Alegato Roa señala que la ponencia del magistrado tiene un “tono político e ideológico” que contraviene principios de objetividad de la Corte. Asegura que Ibáñez emplea expresiones valorativas y juicios de conveniencia política, desbordando el análisis jurídico y mostrando una posición preconcebida en contra de los objetivos sociales y económicos de la reforma.
El ciudadano enfatiza que el magistrado realiza análisis con sesgos antijurídicos, actuando más como legislador que como interpretador del derecho, otorgando valor judicial a consideraciones propias de la política legislativa, lo que, según argumenta, afecta la independencia del proceso.
Por ello, requiere que se oficie al presidente del tribunal para que presente sus justificaciones dentro del plazo legal establecido. La Sala Plena de la Corte Constitucional será la encargada de revisar el recurso y determinar si Ibáñez debe seguir participando en el análisis de la reforma.
Esta recusación se suma a la presentada por la senadora Paloma Valencia contra el magistrado Héctor Carvajal, acusándolo de tener una cercanía excesiva con el Gobierno, en una intensificación del debate sobre la imparcialidad de los magistrados en temas de alta sensibilidad política y social.
