Las redadas migratorias en California, que llevan más de 50 días en marcha, han creado un ambiente de temor en las comunidades latinas, incluyendo a las migrantes originarios del Estado de México. El miedo a ser detenidos al salir a comprar alimentos o llevar a los hijos a la escuela ha transformado rutinas y, en algunos casos, detenido la vida laboral de cientos de personas.
Para Sergio Infanzón, líder comunitario en Los Ángeles, esta situación ha provocado que muchas familias se aíslen, afectando directamente a las comunidades mexiquenses que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos. “No ha cambiado nada. Las redadas, los maltratos y las violaciones a derechos constitucionales siguen, y sentimos que somos un blanco, no necesariamente por antecedentes criminales, sino por el color de piel”, afirmó.
Infanzón informó que las organizaciones y los gobiernos locales han respondido rápidamente, destinando recursos para atender a quienes, por miedo, no salen de sus casas para comprar lo básico. “Algunas ciudades han asignado fondos para ayudar a quienes no pueden salir a comprar comida. Se unifican servicios legales, se informa a la comunidad sobre sus derechos y se coordinan apoyos básicos, porque hay familias que solo esperan a que alguien toque la puerta con alimentos”, explicó.
Incluso sectores no latinos se han unido en estas acciones, conscientes del impacto económico que puede tener la reducción de mano de obra migrante en los vecindarios. El senador Alex Padilla ha presentado una propuesta de ley para mitigar el efecto de las redadas, y otras iniciativas buscan proteger entornos sensibles como las escuelas.
“Nos preocupa que, con el regreso a clases el 14 de agosto, los padres que caminan con sus hijos puedan ser detenidos en el trayecto. Se ha propuesto legislar para evitar redadas en las inmediaciones de las escuelas, pero aún existe temor, ya que muchas garantías constitucionales no se están respetando”, advirtió Infanzón.
El miedo también ha causado problemas emocionales. Infanzón relató que adolescentes nacidos en Estados Unidos lloraron en reuniones públicas preguntando por qué sus padres son perseguidos, situación que refleja la poca atención que se da al tema de la salud mental. “Hay ansiedad, estrés y depresión en padres e hijos. Aunque existen programas municipales de apoyo psicológico, el miedo impide que muchas personas busquen ayuda”, puntualizó.
Las cifras oficiales muestran la magnitud de la crisis. Entre el 1 de enero y el 11 de junio, ICE deportó a 106,463 personas, de las cuales 48,578 eran mexicanas, además de emitir 77,925 órdenes de deportación dirigidas a mexicanos. Solo en 2025, Estados Unidos deportó a 33,311 mexicanos, y en California se registraron 94,906 arrestos migratorios, un aumento del 123% respecto a 2024.
Por otro lado, el gobierno mexicano reportó la repatriación de 56,298 mexicanos en el mismo periodo, una reducción del 30% comparado con el año anterior, aunque las detenciones siguen afectando a trabajadores y familias con años de residencia en Estados Unidos. Estos números impactan directamente en comunidades del Estado de México, como Toluca, Tenancingo y Atlacomulco, donde muchas familias dependen de las remesas.
“Gran parte del dinero que recibe el Estado de México proviene de personas que hoy tienen miedo de salir de sus casas. Si las detenciones continúan, el impacto se sentirá en esas comunidades, porque muchas familias viven de ese apoyo económico”, advirtió Infanzón.
Finalmente, hizo un llamado a la comunidad migrante a no aislarse y buscar apoyo en organizaciones y líneas de ayuda. “Existen programas de alimentación, asesoría legal y atención psicológica. La comunidad debe saber que no están solos y que hay una red de apoyo, pero para ello deben buscar ayuda”, concluyó.
