El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por reducir los indicadores para medir avances en salud y educación durante su sexenio, en comparación con administraciones anteriores, incluyendo la de Andrés Manuel López Obrador.
Los programas sectoriales publicados en septiembre en el Diario Oficial de la Federación muestran una disminución en la cantidad de metas establecidas: en educación, de 17 indicadores en 2017 a 12 en 2024; en salud, de 15 a 11. Además, varios indicadores críticos, como el nivel de escolarización entre la población más pobre, resultados de la prueba PISA, y acceso a servicios esenciales, han sido excluidos.
El Plan Sectorial 2025-2030 incluye algunos datos preexistentes, como tasas de abandono escolar y asignación de plazas docentes, pero añade el monitoreo de personal docente con estudios de posgrado y otros aspectos relacionados con infraestructura y salud, sin ofrecer evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Expertos como Marco Fernández, especialista en gasto público y educación, señalan que esta reducción en indicadores dificulta evaluar la verdadera calidad educativa y el impacto de las políticas públicas, en un contexto donde, por ejemplo, solo cuatro estados en México realizan sus propias evaluaciones sectoriales.
En salud, las prioridades también han cambiado, eliminando indicadores fundamentales como el acceso a servicios en zonas marginadas, enfermedades transmisibles y gastos catastróficos en salud. El programa actual solo mide la población atendida en instituciones públicas y otros aspectos que no permiten evaluar el impacto real.
El legislador Éctor Jaime Ramírez Barba advierte que las estrategias presupuestales no corresponden con los indicadores establecidos, lo que perjudica la asignación de recursos. Para 2026, estima que el presupuesto en salud podría reducirse a 996 mil 528 millones de pesos, muy por debajo de las necesidades reales y de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud del 6% del PIB.
Además, la focalización en mejorar la cobertura escolar en general, sin considerar los niveles de ingreso, y la falta de indicadores específicos para los sectores más pobres, muestran una visión limitada en la política social.
Marco Fernández concluye que esta estrategia de menos instrumentos de evaluación y ajustes presupuestales restringidos tendrá costos significativos, agravando los rezagos en comprensión de lectura, matemáticas y en la adaptación a los retos digitales y de inteligencia artificial del país.
Aunque para 2026 se proyecta un aumento en las becas a 186 mil millones de pesos, expertos advierten que el problema educativo no se resuelve solo con dinero, sino con mejoras en la calidad docente y en la gestión del sistema educativo, aspectos que requieren atención más allá de las cifras presupuestarias.
