El presupuesto destinado al agua potable y saneamiento básico en Colombia sufrirá un recorte del 53% en 2026, según la Contraloría General de la República. La proyección del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) del Gobierno Petro indica que los recursos para este sector pasarán de 1,5 billones de pesos en 2025 a solo 0,7 billones en 2026, lo que implica una disminución cercana a 800 mil millones de pesos. Este ajuste pone en riesgo el acceso a agua potable a más de cinco millones de colombianos y a 12.5 millones que aún carecen de alcantarillado sanitario, agravando las desigualdades existentes.
La Contraloría alertó que esta reducción podría revertir los avances alcanzados y profundizar las brechas regionales y sociales en el acceso a servicios básicos. El vicecontralor General, Carlos Mario Zuluaga, enfatizó que garantizar agua y saneamiento es un compromiso crucial del Estado colombiano, pues sin ello no se puede asegurar el derecho a la vida, la salud, ni un ambiente sano.
A tres décadas de la promulgación de la Ley 142 de 1994, que buscaba mejorar los servicios públicos, las desigualdades en el acceso persisten. Datos oficiales muestran que, a nivel nacional, la cobertura de acueducto es del 90.1%, con variaciones regionales: 93.6% en la región Andina y solo 46.8% en la Amazonía. En alcantarillado, la cobertura nacional alcanza el 76.2%, y en la Amazonía solo el 41.1%. La brecha entre áreas urbanas y rurales continúa siendo significativa, afectando principalmente a comunidades campesinas.
Un informe de Unicef de 2024 señala que el 97% de la población tiene acceso a agua gestionada de forma segura, cifra que, si bien alta, está por debajo del 99% en países como Chile, Brasil, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana y Perú. Además, en 190 municipios, el servicio de acueducto solo está disponible unas 12 horas al día, en contraste con las principales ciudades, donde supera las 23.5 horas.
Desde 1993, los avances en cobertura han sido lentos: el aumento en acueducto urbano ha sido de apenas 3.2%, en alcantarillado del 11.8%, y en recolección de basura del 16.1%. La baja eficiencia en la ejecución de recursos también preocupa: hasta septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda solo había ejecutado el 23% de su inversión total, y en agua, saneamiento y basura cero, apenas el 22%. La Contraloría destacó que estos recursos, además, son invertidos de manera ineficiente, evidenciado en que solo el 39% de las plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas funcionan correctamente.
El vicecontralor Zuluaga advirtió que plantas de tratamiento abandonadas, acueductos inconclusos y alcantarillados sin operatividad reflejan fallas en control y gestión. La calidad y sostenibilidad de estos servicios están en riesgo ante la reducción de recursos, que podría revertir los logros y acentuar las desigualdades regionales y sociales en el acceso a agua potable y saneamiento en Colombia.
