La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó este viernes que las reformas a la Ley de Amparo tienen como objetivo agilizar la administración de justicia mediante la implementación de plazos específicos para resolver casos fiscales y penales.
Durante su participación en la conferencia matutina, Godoy Ramos detalló que la iniciativa fue enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de septiembre. La reforma propone cambios en la Ley de Amparo para alinearla con la reciente reforma constitucional en materia judicial, además de modificaciones en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Entre las novedades, se establecen plazos procesales para que las autoridades judiciales resuelvan casos tributarios en un máximo de seis meses y casos penales en un plazo de cuatro meses, en delitos que no impliquen más de dos años de prisión; y un máximo de un año en aquellos delitos con penas mayores.
Godoy subrayó que la principal finalidad de la reforma es garantizar una justicia más rápida, una de las motivaciones de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, mencionó que ya existe un paquete de leyes secundarias, y que en este segundo paquete ubicado en las leyes procesales, se busca asegurar el acceso a la justicia mediante la definición de plazos y términos claros.
Se fortalecen también las reglas del juicio de amparo para hacerlo más sencillo y expedito, con normas precisas, al tiempo que se protege el orden público y el interés social. La modernización tecnológica en los procesos judiciales es parte de estos cambios, además de ajustes en delitos fiscales y la homologación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Ernestina Godoy reiteró que el amparo seguirá siendo un derecho constitucional para defender los derechos fundamentales de las personas. En ese contexto, aclaró que las reformas corrigen tecnicismos y vacíos legales sin afectar los derechos humanos, los cuales permanecen firmes y protegidos como establece la Constitución.
“Esta reforma no debilita, sino que fortalece el amparo, manteniéndolo como un escudo para la ciudadanía, pero dejando atrás su uso como refugio para evadir la justicia”, resaltó.
