La versión inicial del proyecto de reforma laboral presentada por el Gobierno de México contemplaba la modificación del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, pero esta disposición fue eliminada en la versión final. Originalmente, el texto proponía reducir la alícuota del 30% al 27%, con la intención de mejorar la competitividad empresarial y alinear la carga fiscal con otros países de la región.
Este artículo buscaba modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias, aplicable a sociedades con altos beneficios, con el objetivo de aliviar la presión tributaria sobre los sectores productivos y fomentar la inversión. La iniciativa formaba parte de una revisión integral del régimen laboral, que incluía cambios en contratación, litigios laborales y costos asociados.
La decisión de retirar esa propuesta fue tomada por motivos políticos, ante la necesidad de mantener el foco en la modernización laboral. Autoridades consideraron que una rebaja en la carga tributaria en ese momento no era prioritaria y que implicaba un impacto fiscal significativo, lo que afectaba las finanzas públicas. Este cambio generó molestias en sectores empresariales que esperaban un alivio en la presión impositiva para impulsar el crecimiento y la creación de empleos.
El texto original establecía que "las utilidades de las sociedades de capital quedarían gravadas con una alícuota del 27%". Actualmente, la normativa vigente mantiene una tasa del 30% sobre ganancias superiores a ciertos montos, en un esquema similar al de otros países de la región. La propuesta buscaba reducir este porcentaje para competir mejor en el mercado regional.
La eliminación de la reducción fue ampliamente criticada por cámaras empresariales, las cuales argumentaron que una menor carga fiscal permitiría invertir más y generar empleos. Además, sostuvieron que la alta tributación en utilidades afecta la inversión privada y limita el crecimiento del sector productivo.
Desde el Gobierno, explicaron que el principal objetivo del proyecto era enfocarse en reformas laborales y que cualquier cambio en la política tributaria requería un debate más profundo y una evaluación del impacto fiscal. Por ello, optaron por no incluir la rebaja en este momento, priorizando la viabilidad política del proceso.
La cuestión del nivel adecuado de la tasa del Impuesto a las Ganancias ha sido un tema central en la agenda económica mexicana, con sectores que reclaman una reducción para competir mejor con países vecinos y promover la inversión. Sin embargo, las restricciones fiscales y la necesidad de mantener la recaudación vigente limitan los cambios inmediatos.
En la versión final del proyecto de reforma laboral, el artículo que proponía reducir la alícuota al 27% no aparece, concentrando los cambios en aspectos relacionados con contratación, regulación de juicios laborales y flexibilización de condiciones laborales. La estructura fiscal para las empresas permanece sin modificaciones.
Sectores industriales y de servicios han pedido que la discusión sobre reformas tributarias se reentre en el futuro, argumentando que una menor carga en el Impuesto a las Ganancias es clave para mejorar la competitividad y el crecimiento del sector privado.
Desde las autoridades mexicanas señalaron que, ante un escenario de déficit fiscal y necesidades de recaudación, no es viable realizar cambios profundos en los impuestos empresariales por ahora. No obstante, dejaron abierta la posibilidad de revisar el esquema tributario en una futura reforma fiscal integral que equilibre los objetivos económicos y fiscales del país.
