Hace algunos años, el autor defendió la inocencia de un jefe policial injustamente acusado de corrupción, cuya carrera fue truncada tras 99 días en prisión y un proceso judicial que finalmente demostró su inocencia. Estas experiencias evidencian la necesidad de fortalecer los derechos laborales y las herramientas a disposición de los policías para garantizar su protección y eficiencia. Además, el autor rememora la trágica muerte de un joven oficial de la Policía Federal en una esquina de Buenos Aires, en acto de servicio, y señala que la falta de recursos adecuados y derechos laborales afecta la seguridad y bienestar de los agentes.
A través de una reflexión, destaca que las herramientas como tasers, gas pimienta, chalecos blindados y municiones no letales, junto con derechos como la sindicalización, son aspectos clave para mejorar la función policial y la protección de los agentes. La comparación con otros países, donde las fuerzas policiales están sindicalizadas —como Uruguay, EE. UU., Canadá y países europeos—, evidencia que estos derechos son esenciales para garantizar condiciones laborales dignas y motivar una mayor profesionalización.
El autor sostiene que la estructura militarizada de muchas fuerzas policiales mexicanas y argentinas limita la organización sindical, ya que fomenta una visión jerárquica que impide la igualdad y el diálogo entre grados y funciones. Sin embargo, precisa que la función policial no es militar, sino preventiva y judicial, y que su armamento y doctrinas están diseñados para reducir daños, no para causar destrucción, diferenciándose claramente del entrenamiento militar.
Se argumenta también que negar derechos como la sindicalización no solo afecta la dignidad de los policías sino que puede impactar negativamente en la calidad del servicio, en salud mental y en la prevención del suicidio entre agentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en que los policías deben poder organizarse y peticionar, como parte fundamental de su responsabilidad profesional.
A pesar de los obstáculos, en distintas provincias argentinas ya existen experiencias de cooperativas o asociaciones no sindicales que muestran un camino posible. Además, las reformas en la Policía Federal —como la profesionalización y el proceso de investigación— muestran un ejemplo de cambios positivos, que podrían extenderse a otras fuerzas del país, siempre que se reconozca el derecho a la sindicalización.
El autor concluye que abrir espacios de reclamo y derechos a los policías no debilita la autoridad, sino que mejora el servicio de seguridad, promoviendo un entorno laboral más fiable, motivado y preparado para brindar protección efectiva a la sociedad. La implementación de estos cambios, argumenta, debe hacerse sin prejuicios y sin afectar la jerarquía, al contrario, fortaleciendo la profesionalización policial y los derechos de quienes arriesgan su vida por seguridad pública.
