A pesar de que la Secretaría de Gobernación presentó ayer una reforma denominada como 'fortalecida' tras diálogos con colectivos, la iniciativa de reformas a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum continúa concentrando el control en el Estado sin garantizar justicia, verdad ni participación efectiva de las familias afectadas.
El dictamen, resultado de modificaciones a la propuesta original enviada por la Presidencia en marzo —posterior al hallazgo de un presunto centro de exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán, Jalisco— incorpora más de 30 cambios tras las mesas de diálogo con colectivos, pero mantiene los desequilibrios estructurales de la versión inicial. Las principales críticas apuntan a:
1. La creación de una Plataforma Única de Identidad, cuyo acceso a bases de datos sensibles permanece en manos de la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías, sin mecanismos claros de supervisión externa ni control ciudadano, alertan organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
2. La estructura institucional actual no otorga participación a las familias en decisiones cruciales, como la definición de protocolos, el acceso a información o la supervisión de casos. Aunque se reconoce la figura de “familia social”, su rol en las búsquedas o investigaciones no queda claramente establecido.
3. La Plataforma podrá acceder a información de diversas instituciones públicas y privadas, incluyendo registros de salud mental, residencias, INE, telecomunicaciones y estaciones migratorias. Diversos expertos advierten que la protección de datos personales queda en un marco poco claro, lo que podría facilitar abusos o vigilancia indebida.
4. La reforma no avanza significativamente en la transformación del modelo forense ni en la transparencia de los registros de cuerpos no identificados. Aunque se establece la obligación de realizar pruebas genéticas antes de inhumar, no se asignan recursos ni se establecen plazos, dejando abiertas las posibilidades de fosas comunes sin identificación digna.
Organizaciones como Guerreros Buscadores y Sabuesos Guerreras denunciaron que no se establecen plazos realistas ni sanciones efectivas para fiscalías que omitan iniciar carpetas o denieguen atención a las víctimas. Además, la eliminación del artículo 23 Bis, que buscaba evitar la duplicidad de esfuerzos entre fiscalías, fue vista como una derrota para los defensores.
Aunque no se hace referencia explícita a las Fuerzas Armadas, la reforma mantiene una abierta posibilidad de intervención de autoridades del Gabinete de Seguridad, lo cual genera inquietudes respecto a la opacidad y posibles violaciones en procesos de desaparición.
A nivel de derechos de las comunidades LGBTIQ+, aunque la reforma incluye términos como nombre social y familia afectiva, colectivos advierten que la ambigüedad del lenguaje legal puede dejar vacíos en el reconocimiento de identidades y redes afectivas en las búsquedas.
Pese a que el gobierno federal presenta el dictamen como un logro del diálogo, las organizaciones temen que el texto final sea aprobado sin modificaciones profundas durante el actual periodo extraordinario del Congreso, sin garantizar una verdadera justicia y participación para las víctimas de desaparición.
