Representantes de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) y la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida advirtieron que las propuestas de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) podrían simular una repartición equitativa del recurso hídrico en México, mientras que en la práctica consolidan los privilegios de concesionarios vinculados a industrias refresqueras, cerveceras y del sector inmobiliario, que llevan más de 30 años controlando el acceso y manejo del agua en el país.
Durante una conferencia de prensa, Ricardo Ovando Ramírez, representante de la Red Nacional de Sistemas Comunitarios de Agua, criticó que desde 2012, cuando se estableció en la Constitución el derecho humano al agua, la ley indicaba la necesidad de crear una Ley General de Aguas (LGA). Sin embargo, el gobierno federal ha propuesto modificar la legislación actual y crear una nueva, lo que, según Ovando Ramírez, responde a intereses de mantener privilegios.
"Lo que sospechamos es que desean conservar la LAN para resguardar concesiones que, desde 1992, han sido acaparadas por grandes empresas, como refresqueras, cerveceras y inmobiliarias, que nosotros llamamos la hidrocracia", afirmó.
El representante acusó que estas reformas fragmentan el derecho humano al agua en dos leyes, en una clara contradicción según un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizado por Rodrigo Gutiérrez Rivas. Además, señaló que las reformas buscan aparentar un reconocimiento del derecho al agua y la gestión comunitaria, pero en realidad lo que pretenden, en palabras del director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, es corregir el sistema de concesiones.
"Cuando ofrecimos nuestro apoyo, fuimos ignorados por las autoridades. Se pretende invisibilizar a los organismos comunitarios, que representan por lo menos 28 mil comités y sistemas locales de agua en todo el país, los cuales aún carecen de reconocimiento legal, respeto y apoyo institucional", agregó.
Los representantes denunciaron además que la actual legislación obliga o induce a los sistemas comunitarios a solicitar concesiones de agua en lugar de ser considerados en las asignaciones municipales, obligándolos a pagar elevados recursos para acceder a pozos y, en consecuencia, limitando sus recursos para potabilización y saneamiento.
Ricardo Ramírez ejemplificó con casos en San Sebastián, Zumpango, donde el municipio ingresó redes de distribución que invadieron la jurisdicción del sistema comunitario, y en Cuautla, Morelos, donde ya están exigiendo concesiones para el abastecimiento comunitario.
Sobre la misma problemática, mencionó que la LAN permite que el Estado otorgue agua mediante concesiones y asignaciones, siendo esta última la adecuada para prestar servicios públicos y garantizar el derecho al agua. Sin embargo, muchos sistemas comunitarios están siendo forzados a tramitar concesiones, lo que implica pagar derechos de extracción, en algunos casos hasta 180 mil pesos cada dos meses, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de estas comunidades.
Por otra parte, denunciaron que la legislación vigente permite a los permisionarios descargar contaminantes en cuerpos de agua sin pagar, bajo la falsa premisa de que declarando las emisiones cumplen con la ley. Muchas mediciones de calidad del agua son realizadas por quienes contaminan, lo que perpetúa la impunidad y la crisis ambiental.
"Se oculta una realidad perversa: pagar por contaminar sin considerar los daños a la salud y al ambiente, agravando la toxicidad y bioacumulación de sustancias peligrosas. Esto afecta la calidad del agua para consumo humano, pone en riesgo la salud y los ecosistemas", concluyó Ovando Ramírez.
