El Congreso del Estado de México tiene en revisión varias propuestas para modificar la estructura administrativa y financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym). En las últimas dos legislaturas, se han presentado 13 iniciativas, con el objetivo de modernizar y consolidar el organismo.
Una de las propuestas, enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca crear una Secretaría Técnica dentro del Consejo Directivo del Issemym, así como incluir un representante de la Oficialía Mayor y a la Consejería Jurídica como invitada permanente. Estas figuras, que solo tendrían voz y no voto, fortalecerían la gobernanza sin alterar el equilibrio del órgano rector. La iniciativa, presentada en enero de 2025, también pretende armonizar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios con el marco jurídico estatal, además de mejorar los mecanismos de supervisión y control.
Durante la LXI Legislatura, se promovieron siete reformas específicas para ampliar derechos como el reconocimiento de enfermedades laborales en pandemias, derechos a la derechohabiencia familiar, creación de un seguro de desempleo, unificación de cuotas para pensionados y eliminación de recargos por inscripciones retroactivas. Estas propuestas reflejan un esfuerzo por modernizar el sistema y hacer justicia social.
Por otro lado, en la LVII Legislatura, se presentaron seis iniciativas enfocadas en sustentar la estabilidad financiera y administrativa del instituto. Entre ellas, destaca la propuesta de seguir en el régimen obligatorio para mejorar pensiones, la sectorización del organismo bajo la Secretaría de Finanzas y la separación de funciones administrativas y financieras, recomendación respaldada por trabajadores y extrabajadores.
Desde la perspectiva del personal activo y pensionado, se señala que el Issemym requiere una reingeniería profunda: dividir las responsabilidades de adquisición y pago en diferentes coordinaciones para mejorar control y transparencia. La administración actual, que concentra múltiples funciones en una sola área, ha generado rezagos en pagos y servicios.
La situación impacta directamente a aproximadamente 380 mil trabajadores activos, 385 mil beneficiarios y 85 mil pensionados. Los retrasos en pensiones pueden extenderse hasta dos o tres años, dejando a muchos solicitantes sin recursos en momentos críticos.
Las finanzas del instituto también enfrentan problemas millonarios. Su presupuesto actual, de 44 mil 100 millones de pesos anuales, es insuficiente frente a una necesidad estimada de 55 mil millones para cubrir servicios médicos y pensiones sin atrasos. Además, los gastos en renta de hospitales mediante Proyectos de Prestación de Servicios suponen alrededor de cien millones de pesos mensuales, limitando recursos para medicamentos y personal. También se señalan prácticas irregularidades como subcontratación prohibida, cobros indebidos y trabajos de médicos sin la especialización adecuada.
De acuerdo con los trabajadores y extrabajadores, la única vía para evitar el colapso es una reestructura integral, que incluya una nueva ley para saneamiento financiero, eliminación de vicios administrativos y mayor fiscalización por parte de la Secretaría de Finanzas. Consideran que el Issemym aún tiene capacidad para recuperarse, siempre y cuando exista voluntad política para combatir la corrupción y la negligencia.
Si estas reformas se implementaran, el Estado de México podría convertirse en un ejemplo nacional en la recuperación de sistemas de seguridad social en crisis. De lo contrario, advierten, la acumulación de rezagos, corrupción y mala planificación podría derivar en un colapso que afectaría a muchas familias mexiquenses.
