Cinco de los siete regidores del municipio de Temascalapa denunciaron irregularidades en la administración del presidente municipal Alan Martínez Cervantes, señalando presuntas violaciones a sus derechos políticos y ataques a la transparencia. Aseguran haber sido víctimas de violencia política, presiones en redes sociales y desinformación hacia la ciudadanía como represalia por votar en contra del Plan Anual de Obra 2025.
En una conferencia de prensa, los regidores solicitaron intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para detener estos abusos de autoridad, argumentando que el municipio enfrenta una escalada de violencia política y falta de transparencia.
La inconformidad surgió en la sesión de Cabildo del 11 de septiembre, donde se abordaron temas como el Plan Anual de Obra 2025, el manual de organización del Órgano Interno de Control y el Código de Ética y Conducta para los servidores públicos municipales. Los regidores denunciaron que se les entregó información de manera tardía y sin suficiente tiempo para su análisis, lo que condicionó su voto en contra. Además, acusaron que se les solicitó aprobar proyectos con montos millonarios ‘de un día para otro’, sin estudios de factibilidad ni transparencia.
Uno de los principales cuestionamientos fue el sobrecosto en las obras municipales: un proyecto de pavimentación inicialmente presupuestado en 1.4 millones de pesos, en la última actualización, mostraba un monto superior a los 12 millones, sin justificación clara. Los regidores expresaron: ‘No estamos en contra de las obras, sino de que se hagan mal y con costos inflados’.
Acusaron también al presidente municipal de presionarlos y manipular la opinión pública, difundiendo que ellos ‘bloquean las obras’, así como de agresiones verbales y ataques en redes sociales. Un regidor informó que fue pateado por un asesor del alcalde.
Además, denunciaron violencia económica: se les redujo el salario en un 1.3 por ciento bajo el argumento de crear ahorros para más obras, sin explicar el destino de esos recursos. También indicaron que han sido excluidos de sus funciones, ya que no reciben invitaciones formales a eventos municipales, no se les entregan informes de las comisiones y su acceso a información pública está restringido.
Las regidoras también denunciaron violencia política de género, incluyendo insultos, descalificaciones y hostigamiento digital por cuestionar decisiones del alcalde.
Pese a las dificultades, los regidores destacaron que han gestionado apoyo individual para su municipio, logrando obtener patrullas y una ambulancia con apoyo del gobierno estatal, además de realizar labores de bacheo con recursos propios, aplicando alrededor de 50 toneladas de asfalto en distintas comunidades.
Finalmente, informaron que han acudido a la Contraloría del Estado de México para denunciar estas irregularidades y esperan una respuesta formal. Enfatizaron que los proyectos de obra deben contar con estudios de factibilidad y priorizar necesidades básicas como agua potable, drenaje y alumbrado público antes que proyectos de apariencia llamativa.
