El Parlamento del Reino Unido aprobó este martes una enmienda crucial al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía, que busca despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales en cualquier etapa del embarazo, eliminando la amenaza de cárcel para las mujeres que decidan interrumpir su gestación.
La enmienda, considerada histórica, fue aprobada en la Cámara de los Comunes con 379 votos a favor y 137 en contra y ahora será sometida a la revisión del Parlamento en la Cámara de los Lores antes de su aprobación definitiva y posible promulgación como ley.
En la discusión, los diputados pudieron emitir su voto según sus convicciones éticas, sin estar atados a la disciplina de sus partidos. Actualmente, la legislación permite el aborto en las primeras 24 semanas, pero la Ley de Delitos contra la Persona de 1861 sanciona con penas de prisión a quienes realicen abortos fuera de ese período, salvo excepciones para proteger la vida de la madre.
La propuesta, presentada por la diputada laborista Tonia Antoniazzi, busca evitar que las mujeres sean investigadas, arrestadas, juzgadas o encarceladas por abortos realizados después del límite legal. La llamada 'cláusula Antoniazzi' no modifica aspectos técnicos del aborto, como los límites de tiempo, requisitos médicos o la telemedicina, sino que busca impedir represalias penales.
Antoniazzi destacó que el 99% de los abortos ocurre antes de las 20 semanas y que solo el 1% restante se realiza en circunstancias extremas, por lo que consideró que la legislación hasta ahora vigente, de origen victoriano y aprobada por un Parlamento masculino, está desactualizada y se usa cada vez más contra mujeres vulnerables.
La diputada afirmó que el cambio es necesario y urgía a sus colegas a votar a favor para evitar que ninguna mujer enfrentara investigaciones traumáticas en momentos críticos.
Varios ministros del gobierno laborista, como John Healey, Ed Miliband y Liz Kendall, expresaron su apoyo. El primer ministro Keir Starmer, también laborista, no participó en la votación, aunque esto no implica una postura oficial.
La propuesta fue celebrada por organizaciones defensoras del derecho al aborto, como Heidi Stewart del Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS), quien calificó la enmienda como la modificación más importante en la legislación del aborto desde 1967. Stewart aseguró que con esta ley se evitará que mujeres sean criminalizadas tras abortos espontáneos o en momentos vulnerables.
Por otro lado, líderes de la oposición conservadora, como Kemi Badenoch, y algunos miembros del Partido Conservador, expresaron su desacuerdo. Caroline Johnson argumentó que abortar más tarde puede acarrear complicaciones médicas. La organización Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos (SPUC) condenó la decisión, calificándola de "horrorosa" y prometiendo seguir luchando contra ella, advirtiendo que bajo la nueva ley una mujer podría abortar en cualquier momento, incluso justo antes de dar a luz, sin criminalización alguna.
