Establecimientos ubicados en la carretera México-Toluca, en Ocoyoacac, enfrentan dificultades para obtener agua después de que las pipas que normalmente les suministraban dejaron de hacerlo debido al operativo Caudal, implementado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para luchar contra el robo y desvío de agua.
Según informes de trabajadores locales, las empresas privadas que distribuían el recurso suspendieron sus servicios por temor a que los vehículos cisterna fueran asegurados y los conductores detenidos. Una empleada de un restaurante en la zona, Laura, explicó que sobre la México-Toluca, a la altura de Las Alas, detuvieron a uno de los conductores de una pipa, que fue llevada a un corralón y el trabajador, a la cárcel, con una supuesta demanda de 150 mil pesos para su liberación.
Actualmente, algunos negocios recurren al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Lerma, que vende una pipa de 20 mil litros en 1,600 pesos, un incremento de 300 pesos respecto a los 1,300 pesos que costaba anteriormente por 10 mil litros. Aunque el precio es mayor, los comercios reciben el doble de agua, pero con un tiempo de entrega programado en lugar de la disponibilidad casi inmediata que ofrecía el servicio privado.
Una trabajadora señaló que, en respuesta a la escasez, optaron por adquirir agua a OPDAPAS para evitar quedarse sin suministro, lo cual les ha permitido seguir operando en sanitarios, limpieza, cocina y jardines. Sin embargo, el gasto mensual puede superar los 40 mil pesos, ya que una sola pipa de 10 mil litros suele durar solo un día.
Varios negocios en la zona han reportado que, desde hace años, carecen de un suministro regular de agua potable, por lo que la compra de pipas se ha convertido en la única alternativa. La empleada agregó que, antes del operativo, compraban agua casi a diario, a veces en varias ocasiones por día.
Los trabajadores coincidieron en que, aunque el operativo podría contribuir a regular el suministro y reducir el robo de agua, también podría derivar en sobreprecios y abusos, especialmente en situaciones de urgencia. Por ello, pidieron a las autoridades que difundan una lista de proveedores regulados y autorizados para garantizar precios justos.
Francisco, empleado de una empresa en la zona, comentó que el uso de pipas es necesario y que eliminar su uso no resolverá el problema central del robo de agua. Consideró que lo más efectivo sería implementar una estrategia de regulación que garantice un suministro digno para los negocios afectados.
