Un audio filtrado revela que meses antes de su asesinato en Manzanillo, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunció ante el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, la existencia de una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas. En la grabación de 19 minutos, Guerrero detalló irregularidades relacionadas con sobornos, reacomodos de personal y actividades ilícitas vinculadas con la introducción ilegal de combustibles bajo la apariencia de aceites y aditivos. Según el mando naval, estas operaciones ilegales evitaban impuestos y generaban millonarias ganancias. El contralmirante explicó que, desde su asignación en las aduanas en enero de 2021, comenzó a recibir transferencias y dinero en efectivo que inicialmente interpretó como recursos administrativos, hasta descubrir que se trataba de sobornos vinculados al contrabando. En la conversación, Guerrero también acusó a Fernando Farías Laguna, entonces mando naval, como uno de los principales implicados en la red de corrupción. El encuentro fue además la base para una serie de reuniones en mayo de 2024, en las cuales Guerrero expuso la escala y los detalles de la red, involucrando a otros militares y empleados civiles. La evidencia, que también incluye una carta manuscrita fechada en junio de ese mismo año, fue incorporada a una causa penal en el Estado de México. Tras denunciar la corrupción, Guerrero fue reasignado a la Región Naval de Puerto Chiapas. En noviembre de 2024, fue asesinado por dos sicarios en motocicleta, en un crimen similar al de otras funcionarias vinculadas a investigaciones aduaneras. La Fiscalía General de la República (FGR) relaciona ambos crímenes por el uso de armas de caliber 9 mm y motocicletas iguales, además de la vinculación de las víctimas con la Marina. La FGR mantiene abiertas órdenes de aprehensión contra 14 personas, de las cuales 11 han sido detenidas. La Secretaría de Marina, por su parte, afirmó que no posee el audio ni registros oficiales de la denuncia, y que colabora con las investigaciones. La institución aclaró que varios elementos navales relacionados con el caso han sido dados de baja por no presentarse a sus funciones, y que durante la entrega-recepción no recibieron información del anterior titular, José Rafael Ojeda Durán, sobre las denuncias en curso.
