La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Yannai Kadamani Fonrodona, enfrenta una controversia tras conocerse que su madre, Alexandra Fonrodona Montoya, firmó seis contratos con distintas entidades del Gobierno por aproximadamente 600 millones de pesos. La denuncia fue presentada por la congresista Jennifer Pedraza, quien detalló que de estos contratos, tres firmados en enero de 2026, sumaron más de 313 millones de pesos y fueron celebrados con la Superintendencia de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud.
Los tres acuerdos en cuestión corresponden a contratos de prestación de servicios profesionales, todos bajo contratación directa. El contrato con la Superintendencia de Salud, por 126.5 millones de pesos, consistió en gestionar estrategias de comunicación para divulgar las acciones de la institución. El acuerdo vigente con el Ministerio del Interior, por 70.68 millones, involucró apoyo en la difusión de la política pública de libertad religiosa y cultos ancestrales en Colombia. Finalmente, un contrato con el Ministerio de Salud por 116.66 millones de pesos tuvo como finalidad brindar asesoría técnica en estrategias de comunicación relacionadas con proyectos priorizados.
Según Pedraza, estos contratos elevaron los ingresos mensuales de Fonrodona Montoya de aproximadamente 12 millones de pesos a más de 26 millones. Asimismo, la congresista expuso contratos previos firmados en 2024 y 2023 por 92 y 48 millones de pesos, respectivamente, además de otros en 2025 por similares montos.
En 2025, la madre de la ministra firmó contratos similares con el Ministerio del Interior por casi 28 millones, con el Ministerio de Salud en dos ocasiones por 53.3 y 60 millones, y en total, acumuló recursos que evidencian una notable aumentó en sus ingresos. Pedraza también indicó que Fonrodona Montoya había trabajado en 2019 con Guillermo Jaramillo, entonces alcalde de Ibagué y actual ministro de Salud.
La denuncia señala además que la misma ministra Yannai Kadamani no ha declarado en sus nueve informes de conflictos de interés a sus familiares, lo cual, según la congresista, infringe el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019. La polémica pone en entredicho la transparencia y la posible influencia de vínculos familiares en las contrataciones del Gobierno de Gustavo Petro.
