El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia revocó el 4 de febrero de 2026 la inscripción de la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes en Bogotá, tras una decisión que también afectó la candidatura en el Valle del Cauca. La resolución, que representa un golpe para el oficialismo, se fundamenta en que la coalición superó el umbral del 15% de votos en las elecciones legislativas de 2022, lo que prohíbe la conformación de nuevas alianzas para inscribir listas conjuntas.
El órgano electoral aplicó una interpretación constitucional que, además, llevó a la anulación de la lista en el Valle del Cauca, donde el Pacto Histórico logró aproximadamente el 26% de los votos en 2024. La decisión indica un endurecimiento en la fiscalización de las alianzas políticas que buscan participar en las próximas elecciones legislativas de 2026.
Previo a esta decisión, la lista, encabezada por María Fernanda Carrascal y otros dirigentes del oficialismo, buscaba consolidar una fuerte presencia en el Congreso para el período 2026-2030. La medida también incluyó la exclusión del senador Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo, lo que acentuó los efectos sobre el movimiento del presidente Gustavo Petro.
Tras conocerse el fallo, la representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, publicó en redes sociales fragmentos de chats en los que presuntamente integrantes del Pacto Histórico planearían cómo eludir las sanciones del CNE y garantizar su participación en los comicios. En los mensajes, María Fernanda Carrascal supuestamente explica que buscarán inscribir nuevamente la lista respetando la consulta interna y las decisiones del órgano electoral.
Asimismo, en estos chats se menciona que el presidente Petro estaría interviniendo para favorecer la participación del Pacto en las elecciones, incluso indicando que el mandatario ayudó a coordinar acciones en el proceso, lo que vincularía directamente a la candidatura con decisiones de alto nivel político.
Garrido acompañó su denuncia con imágenes de conversaciones en las que se aseguran esfuerzos para manipular los votos y enfrentar la resolución del CNE, denunciando una supuesta trama de fraude electoral. Carrascal todavía no ha emitido declaraciones públicas respecto a estos chats y la acusación ha generado cuestionamientos en el Congreso, donde algunos legisladores exigen respuestas oficiales.
La polémica revela un aumentó en la tensión entre las instituciones electorales y los actores políticos del oficialismo, en un momento en que el país se prepara para las elecciones legislativas de 2026, y genera preocupaciones sobre la transparencia y legalidad del proceso electoral en Colombia.
