El historial judicial de Alejandro Andrés Carranza Medina, conocido como Coroncoro, ha revivido el debate sobre la legitimidad de una supuesta operación militar estadounidense en el Caribe, donde presuntamente falleció el pescador. La revelación de su vínculo con el robo de 264 armas de la Policía Metropolitana de Santa Marta complicó la narrativa inicial que lo describía únicamente como una víctima de un ataque extranjero.
El 16 de septiembre, en aguas del Caribe, una lancha supuestamente fue alcanzada por un ataque aéreo de Estados Unidos, lo que ocasionó una crisis diplomática entre Bogotá y Washington. El presidente Gustavo Petro acusó públicamente a EE. UU. de violar la soberanía colombiana y de haber asesinado a un inocente, exigiendo una investigación por parte de la Fiscalía General.
Petro defendió que Carranza era 'un pescador, no un narcotraficante', y pidió protección para su familia y la posibilidad de acciones judiciales internacionales. Sin embargo, la figura del fallecido se complicó luego de que se divulgara su pasado judicial: entre marzo y septiembre de 2015, la Fiscalía del Magdalena descubrió una operación ilícita en la Policía de Santa Marta en la que 264 armas desaparecieron del almacén de evidencias, involucrando falsificación de documentos, corrupción y vínculos con bandas criminales.
El operativo llevó a la detención de siete personas, incluyendo al mayor Rolando Pinzón García, cinco policías y un civil, Alejandro Andrés Carranza Medina, alias Coroncoro. La investigación señaló que una patrullera falsificó la firma de un fiscal para retirar las armas, que luego fueron entregadas a la banda Los Pachenca, vinculada actualmente a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Carranza fue el único civil implicado y aceptó cargos por concierto para delinquir, peculado, falsedad y hurto agravado.
Medios como El Heraldo sugieren que Carranza acompañó en al menos dos ocasiones a policías implicados en transportar armas del armerillo de la Policía de Santa Marta. A pesar de su pasado, en Gaira, Santa Marta, era conocido como un pescador tranquilo, dedicado a la pesca cada madrugada, sin antecedentes de enemistades ni actividades sospechosas, según relató Audenis Manjarres, prima de la víctima.
La familia sostiene que Carranza murió como un pescador honesto y rechazan que su historia sea utilizada con fines políticos. La difusión de su pasado judicial ha polarizado la situación, y expertos en derecho internacional cuestionan si un país extranjero puede bombardear una embarcación colombiana sin aviso ni jurisdicción. Pescadores del Caribe expresaron su preocupación: 'Si a un colombiano lo matan en el mar y dicen que era narco, cualquier pescador puede ser la próxima víctima'.
El caso genera un debate sobre la legalidad del ataque y las posibles implicaciones diplomáticas. El politólogo Gabriel Jiménez Peña indicó que Colombia podría presentar una protesta formal si se comprueba una violación territorial, pero advirtió que el pasado judicial de Carranza complica la legitimidad del reclamo. La familia insiste en que su ser querido murió siendo un pescador honesto y rechaza ser utilizado para fines políticos, en medio de un caso que sigue en plena tensión internacional.
