¿Alguna vez has pensado en qué sucede realmente durante un operativo policial que termina en violaciones graves a los derechos humanos? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sacudió a México con su reciente informe, en el que documenta hechos que parecen sacados de una pesadilla: la presunta tortura de una mujer en Villagrán, Guanajuato, durante el operativo 'Golpe de Timón' en marzo de 2019.
Todo comenzó aquel 5 de marzo: aproximadamente 40 policías estatales y elementos de la Secretaría de Marina (MARINA) ingresaron al domicilio de una familiar de la víctima, identificada como 'V' para proteger su identidad. De manera violenta y desproporcionada, detuvieron a la mujer, quien desde entonces denuncia torturas físicas y psicológicas.
Testimonios, videos y evidencias médicas dejan poco lugar a dudas: golpes, arrastrones, asfixia con una bolsa, amenazas contra su familia, y hasta golpes con una tabla mientras la obligaban a desnudarse parcialmente durante su traslado. La investigación de la CNDH recopila certificados médicos y dictámenes psicológicos que certifican lesiones múltiples, confirmando así la gravedad de los hechos.
¿Y qué dicen las autoridades oficiales? En su versión, solo aseguraron haber proporcionado seguridad perimetral, afirmando que las lesiones serían culpa de terceros o autolesiones. Sin embargo, el análisis minucioso de la CNDH, que incluyó peritajes y testimonios, confirma la presencia del personal de la Marina y la Fuerza de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato dentro del domicilio, descartando toda duda sobre su participación directa en la tortura.
El operativo 'Golpe de Timón' fue parte de una estrategia para debilitar al Cártel de Santa Rosa de Lima, durante una de las fases más violentas en la región entre 2019 y 2020. La propia Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato reconocieron públicamente su participación, lo que refuerza la responsabilidad institucional en estos hechos.
La Comisión no solo señala a los responsables directos, sino también a posibles omisiones y encubrimientos por parte de otros funcionarios. Por ello, la CNDH exige acciones concretas: reparación integral del daño, compensación económica, atención psicológica especializada y sanciones penales y administrativas contra los responsables.
Además, la institución hace un llamado urgente a mejorar los mecanismos institucionales y a impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos, advirtiendo que la falta de control y rendición de cuentas puede generar un daño irreversible en la confianza ciudadana. La conclusión de la CNDH es contundente: resulta inverosímil que la Marina niegue su participación en operaciones de alto impacto y que no haya mecanismos de control internos efectivos.
La historia de esta mujer y la evidencia presentada revelan una verdad incómoda pero necesaria: la lucha contra la tortura en México no puede detenerse, y la responsabilidad institucional debe ser esclarecida para evitar que estas atrocidades vuelvan a repetirse.
