¿Sabías que en el Estado de México ahora hay una estrategia radical para acabar con las extorsiones? Este 16 de enero de 2026, el Congreso mexiquense dio un paso histórico al aprobar la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión. ¿Qué significa esto? Que las autoridades ahora actuarán de oficio, sin necesidad de denuncia previa, para desmantelar esas redes criminales que afectan el patrimonio de los mexiquenses.
Pero esto no es solo un cambio en el papel. Los legisladores Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, del PRI, junto con las iniciativas enviadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, han puesto en marcha un plan integral y coordinado para enfrentar esta problemática.
¿Y cuáles son las novedades? La creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión, un organismo que evaluará las políticas públicas y asegurará que todas las acciones estén en línea con la estrategia nacional. Además, se reforzarán dos áreas clave: la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, que ahora contará con personal certificado para investigar estos delitos, y el Centro Estatal de Atención a Denuncias, que buscará brindar apoyo y reducir los delitos no reportados fomentando la denuncia segura.
Un punto muy importante de esta ley es el control de las llamadas de extorsión que suelen provenir de centros penitenciarios. Se establece un plazo de 150 días hábiles para que todos los penales del estado instalen tecnologías avanzadas que bloqueen las llamadas, radiocomunicaciones y transmisión de datos desde las cárceles. ¿El objetivo? Cortar de raíz esas entradas operativas que usan las bandas criminales para extorsionar desde dentro.
Este esfuerzo también coloca al Estado de México en sintonía con las leyes federales, fortaleciendo el marco jurídico contra la extorsión. El diputado Vladimir Hernández Villegas resaltó que con esta ley se busca dejar un legado de responsabilidad pública, promoviendo estrategias que no solo persigan los delitos, sino que los prevengan desde las raíces.
Por último, la reforma elimina la extorsión como tipo penal separado en el Código Penal estatal, integrándola en la Ley General, lo que facilitará los procesos judiciales y garantizará sanciones más severas y uniformes.
¿El resultado? Un Estado de México más protegido, que reafirma su compromiso de salvaguardar a sus familias del chantaje y la violencia económica. La batalla contra la extorsión acaba de dar un paso decisivo y transformative.
