El Estado de México enfrenta serios rezagos en sus instituciones de seguridad, fiscalía y sistema penitenciario, según revela un análisis de la asociación Causa en Común. El informe titulado ‘Una aproximación al estado que guardan las policías, fiscalías y penales estatales’, elaborado en colaboración con Perteneces e Impunidad Cero, señala que estas instituciones muestran prácticas discrecionales que limitan su desarrollo y eficacia.
Entre las deficiencias, destaca que la Policía Estatal no publica informes sobre uso de la fuerza, argumentando que la ley no lo exige, lo que contradice el principio de máxima publicidad. Además, los ascensos dentro de la corporación se definen por decisión de los mandos, sin procesos transparentes, limitando la profesionalización y fomentando prácticas discretas. En cuanto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la promoción de cargos también queda a discreción de los superiores, careciendo de un servicio profesional de carrera y de mecanismos claros para la evaluación y certificación del personal.
El sistema penitenciario estatal, al igual que en otras entidades, carece de una ley especializada, lo que genera disparidades en condiciones laborales y en procesos de reinserción social. La dependencia de los centros de reclusión a la Secretaría de Seguridad limita su autonomía y afecta tanto las condiciones laborales de los custodios como los derechos de las personas privadas de la libertad.
El informe también señala que, en 2024, el sistema electrónico de información del Estado de México no emitió acuses de recibo a solicitudes de transparencia, afectando la trazabilidad y la confiabilidad de los procesos.
Este panorama refleja una tendencia que se repite en muchas entidades federativas, donde las instituciones encargadas de la seguridad y justicia enfrentan obstáculos para cumplir con sus obligaciones, en gran parte debido a la disminución de fondos federales y a la dependencia de fuerzas armadas como apoyo. La falta de información pública confiable y la presencia de prácticas burocráticas dificultan la medición real de capacidades institucionales y limitan la exigencia ciudadana por mayor transparencia.
En suma, estos problemas estructurales contribuyen a prolongar la crisis de inseguridad e impunidad que enfrenta el país, y el Estado de México no es la excepción, enfrentando un reto importante para fortalecer sus instituciones y recuperar la confianza ciudadana.
