La Fiscalía General de Rusia solicitó al Tribunal Supremo que declare como organización terrorista al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), fundado por el opositor fallecido Alexéi Navalny, en medio de una ofensiva judicial que busca silenciar la disidencia. La petición, anunciada este miércoles por el colaborador de Navalny Leonid Vólkov, refuerza la estrategia del régimen de Vladímir Putin de[desmantelar] el legado político del activista, muerto en prisión en febrero pasado.
Vólkov informó en su canal de Telegram que la Fiscalía presentó ante el Tribunal Supremo la solicitud para que el FBK —registrado en Estados Unidos tras su prohibición en Rusia— sea incluido en la lista de organizaciones terroristas. Según sus declaraciones, la declaración podría concretarse el 27 de noviembre.
Esta medida representa el último escalón en una política represiva que inició en 2021, cuando el FBK fue declarado organización extremista y obligado a disolverse, tras lo cual miles de voluntarios y simpatizantes fueron arrestados. Bajo la nueva calificación de "terrorismo", cualquier interacción con la organización podría conllevar penas de hasta diez años de prisión, según la legislación rusa.
Vólkov ironizó sobre la acusación, señalando: “El FBK será la primera organización con todos los epítetos putinistas: agente extranjero, indeseable, extremista, terrorista”. No obstante, advirtió que esta clasificación dificultará sus operaciones en el extranjero, donde gestionan fondos y campañas de denuncia, afectando bancos, socios y donantes. Aún así, afirmó que “esto no nos detendrá".
Desde 2011, el FBK ha sido un referente en la investigación de la corrupción en Rusia, con videos que revelaron mansiones presidenciales y redes de poder, que alcanzaron millones de vistas antes de ser censurados oficialmente. Aunque en 2021 fue formalmente disuelto en Rusia, continúa operando desde el exilio bajo el liderazgo de Vólkov y María Pevchij.
Navalny, encarcelado desde su retorno a Moscú en enero de 2021 tras recuperarse de un envenenamiento con agente nervioso, falleció en febrero pasado en una cárcel del Ártico. Las autoridades rusas atribuyeron su muerte a causas naturales, pero sus colaboradores insisten en que fue un asesinato, y tanto la Unión Europea como Estados Unidos responsabilizaron políticamente al Kremlin, exigiendo una investigación independiente que Moscú ha rechazado.
Este intento de etiquetar al FBK como organización terrorista forma parte de una estrategia más amplia de control absoluto sobre la disidencia. Desde la invasión de Ucrania en 2022, las leyes contra el "extremismo" y las "noticias falsas" sobre el Ejército se han empleado para silenciar periodistas, académicos y activistas, con más de 20,000 personas detenidas por motivos políticos en los últimos tres años, según OVD-Info.
El Kremlin justifica estas acciones como parte de su lucha contra la "influencia extranjera" y el "terrorismo occidental". Organismos internacionales y defensoras de derechos humanos denuncian, sin embargo, que se trata de una persecución sistemática para eliminar cualquier oposición interna.
Para los aliados de Navalny, la iniciativa busca borrar simbólicamente al movimiento que desafió al gobierno durante años. Vólkov afirmó: "Luchamos contra los verdaderos terroristas, los que han secuestrado un país y envían al matadero a miles de hombres: Vladimir Putin y su partido Rusia Unida".
El proceso judicial iniciará el 27 de noviembre en el Tribunal Supremo, un órgano estrechamente vinculado al poder ejecutivo, que rara vez contradice las decisiones del Kremlin. La declaración de "terrorista" podría aplicarse de inmediato, consolidando la represión contra uno de los movimientos de oposición más emblemáticos del último ciclo político en Rusia.
Con esta maniobra, Moscú busca no solo anular la memoria de Navalny y su legado anticorrupción, sino también enviar una advertencia a los grupos exiliados que intentan mantener viva su causa. En la Rusia de Putin, la lucha contra la corrupción —la misma bandera que usó Navalny— se convierte, paradójicamente, en un delito de terrorismo.
