¿Alguna vez te preguntaste cuántos habitantes del Estado de México han pagado sobornos en los últimos años? La respuesta es alarmante: uno de cada tres mexiquenses ha dado mordida, y en algunos casos hasta cinco veces en solo dos años.
Este dato, revelado por un estudio del Comité de Participación Ciudadana (CPC) realizado en noviembre pasado, revela la magnitud de un problema que va más allá de las cifras: el 36.6% de esas mordidas fueron extorsiones directas, donde las autoridades pidieron dinero para no tener repercusiones. ¿Qué significa esto para los ciudadanos y la confianza en las instituciones?
El estudio, que fue exploratorio, descriptivo y analítico, se basó en una consulta en línea con cerca de 70% de los municipios mexiquenses, con 486 voces recopiladas y más de 16 mil datos analizados. Participaron estudiantes, servidores públicos, organizaciones civiles, empresarios y hasta una ama de casa, lo que garantiza que las voces sean diversas y representativas.
Una de las conclusiones más relevantes es que, aunque el interés por combatir la corrupción está presente, la realidad muestra una desconexión: 37% nunca ha consultado información pública, y seis de cada diez personas enfrentan dificultades para acceder a ella. Además, el 80% siente que necesitan capacitación para entender los datos abiertos, evidenciando que la transparencia aún requiere un enfoque más accesible y con sentido social.
¿Y qué exige la ciudadanía? La mayoría pide resultados visibles en la lucha contra la corrupción. Quieren información en tiempo real sobre servidores públicos, presupuestos, obras, denuncias y licitaciones. Pero también hay un fuerte miedo a denunciar, y exigen opciones anónimas y que se tome en serio cada señalamiento.
El estudio revela que el 67.6% de los encuestados está a favor de inhabilitar permanentemente a quienes cometan actos corruptos, y 60% vota por despedirlos de inmediato. Sin embargo, solo 16.1% conoce la existencia de los códigos de ética, y 46.3% no sabe que existen, mostrando una clara necesidad de reforzar la educación y la sensibilización.
En cuanto a trámites considerados riesgosos, las multas de tránsito lideran la lista, con 56%, seguidas de tramites vehiculares, permisos de negocios, licencias de construcción y programas sociales. Y en ese contexto, 36.6% de los mexiquenses ha pagado mordida en los últimos dos años. Lo más preocupante: 5.6% ha pagado más de cinco veces en ese periodo.
¿El motivo? La mayoría de estos sobornos no son decisiones voluntarias, sino extorsiones. El costo promedio oscila entre 500 y 1,000 pesos, una carga que afecta directamente la economía familiar.
¿La percepción? Muchos creen que los sobornos están normalizados en el Estado de México. La situación demanda una acción urgente, no solo de las instituciones, sino de toda la sociedad. Este estudio será la base para diseñar y evaluar programas anticorrupción cada año, promoviendo una participación activa y comprometida. Porque si queremos un cambio real, todos debemos involucrarnos: desde quien educa y crea políticas, hasta quien denuncia o, lamentablemente, acepta participar en la corrupción.
