¿Alguna vez te preguntaste qué pasa cuando un país se enfrenta a un tribunal extranjero y, además, se niega a dar detalles cruciales sobre sus reservas de oro? Esto es exactamente lo que está en juego en el juicio por la expropiación de YPF, uno de los conflictos legales más importantes que enfrenta Argentina hoy en día.
Este jueves, en una audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la tensión entre Argentina y Burford Capital, la firma que busca cobrar más de 16 mil millones de dólares, volvió a escalar. La reunión, presidida por la jueza Loretta Preska, fue parte de una etapa llamada 'discovery', donde ambas partes intercambian información relevante para el caso. Sin embargo, Argentina se volvió a negar a proporcionar ciertos datos, especialmente aquellos relacionados con los activos soberanos.
Para entender la gravedad, debemos saber que la defensa argentina argumenta que activos como las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) están protegidos por inmunidades nacionales e internacionales. En otras palabras, que ese oro no puede ser obligado a salir de su reserva para un proceso legal. De hecho, fuentes oficiales explicaron que reclamar datos sobre la ubicación del oro sería como exigir a la Reserva Federal de EE. UU. que revele la composición y ubicación de sus activos, algo claramente inadmisible.
El punto clave de disputa ha sido un pedido de Burford para saber qué pasa con las reservas de oro del BCRA, qué uso tienen y dónde están custodias. Argentina ya había rechazado esa solicitud, aclarando que esas reservas son propiedad del banco central, una institución autónoma, y que la información solicitada no puede ser compartida con el Tesoro Nacional. La respuesta oficial fue clara: defender la soberanía y proteger activos estratégicos, evitando que sean utilizados en un proceso judicial.
Este enfrentamiento legal surge de una sentencia en primera instancia que condena a Argentina a pagar aproximadamente USD 16,000 millones por la expropiación de YPF en 2012. Los antiguos accionistas de la petrolera lograron ese fallo, que Burford Capital adquirió para buscar ejecutarlo en EE. UU. Desde entonces, Argentina ha presentado recursos para frenar la ejecución, solicitando, entre otros, que se suspenda la obligación de entregar el control del 51% de las acciones de YPF.
Aunque en esta audiencia no se resolvió el fondo del asunto ni la petición de desacato, sí sirvió para que ambas partes expresaran sus posturas. Argentina, por ejemplo, reafirmó su rechazo a solicitar información adicional, alegando que ya entregó más de 115,000 páginas de documentos y que aún hay comunicaciones privadas de funcionarios que permanecen en reserva.
El próximo 19 de febrero, Argentina volverá a presentar sus argumentos contra las sanciones y el desacato. Mientras tanto, los demandantes tienen hasta el 6 de febrero para responder al pedido de suspensión del proceso, y Argentina enviará su réplica el 10 de ese mes. Todo esto muestra cuánto aún hay en juego y qué decisiones cruciales deben tomarse en las próximas semanas.
¿Lo más impactante? La lucha por mantener el control soberano y proteger los activos estratégicos del país, incluso frente a un tribunal extranjero y ante la presión de cumplir con una sentencia millonaria. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para futuras disputas legales internacionales que enfrentan Argentina y otros países en situaciones similares.
