En Perú, las obligaciones financieras tienen un límite temporal para ser exigidas, según lo establecido por el Código Civil peruano. Esto significa que, después de un determinado período, los acreedores ya no pueden reclamar judicialmente una deuda, permitiendo a los deudores liberarse legalmente de sus compromisos bancarios. Esta figura jurídica, conocida como prescripción de deudas, tiene un impacto significativo tanto en las finanzas personales como en el historial crediticio.
Actualmente, las deudas bancarias prescriben transcurridos 10 años desde que el deudor incumple con su obligación de pago. Tras ese período, el acreedor pierde el derecho a iniciar acciones legales para exigir el cumplimiento de la deuda. Sin embargo, este proceso no es automático: el deudor debe presentar una solicitud ante un tribunal y obtener el reconocimiento de la prescripción por parte de un juez. Solo así la deuda se considera oficialmente extinguida.
A pesar de que la deuda ya no pueda ser exigida judicialmente, su impacto en el historial crediticio persiste. Según Javier Mori, gerente legal de Equifax, las entidades financieras y las centrales de riesgo como Infocorp mantienen los registros de deudas impagas durante un máximo de cinco años, incluso después de la prescripción judicial. Esto significa que, aunque la obligación legal se haya extinguido, los antecedentes negativos pueden seguir afectando la calificación crediticia del deudor, limitando su acceso a nuevos créditos o préstamos.
La prescripción, entonces, ofrece un alivio legal más que financiero. Permite al deudor estar libre de demandas o embargos, pero su historia crediticia puede seguir perjudicándola por años, complicando su reincorporación plena al sistema financiero.
Este escenario se da en un contexto de endeudamiento personal creciente en Perú. Datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indican que el promedio de deuda de los peruanos representa el 29.4% de sus ingresos mensuales. Factores como la pérdida de poder adquisitivo, imprevistos económicos y la dependencia del crédito para cubrir gastos básicos han contribuido a esta situación.
Frente a la carga financiera, la prescripción se presenta como una salida legal para quienes están sobreendeudados. Sin embargo, los expertos advierten que este recurso debería considerarse como una última opción, ya que requiere de largos procesos judiciales y no soluciona las consecuencias crediticias que deja una deuda impaga.
Además, muchas personas desconocen los procedimientos legales necesarios o enfrentan dificultades para acceder a la justicia, por lo que solo una minoría logra beneficiarse de la prescripción. Mientras tanto, las entidades financieras utilizan mecanismos como el embargo salarial para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. En Perú, los bancos sólo pueden embargar salarios si la remuneración supera los S/2,575 mensuales, lo cual busca proteger los ingresos de los trabajadores, aunque para muchos esto puede afectar su estabilidad económica.
En conclusión, aunque el Código Civil establece un límite de 10 años para exigir deudas bancarias, el proceso para que estas prescriban no es sencillo ni inmediato. Requiere conocimiento legal, tiempo y, en muchos casos, la capacidad de afrontar las repercusiones en el historial crediticio. Para muchos peruanos, la verdadera dificultad no solo es pagar la deuda, sino recuperar la confianza del sistema financiero tras años de cargas económicas.
