La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) expresó su respaldo a la continuidad del aumento del salario mínimo del 23% aprobado por el Gobierno, si bien alertó sobre posibles efectos negativos en el mercado laboral formal e informal en el país. Jorge Enrique Bedoya, presidente del gremio, destacó en entrevista con Blu Radio que la decisión se mantiene debido a la situación jurídica consolidada con los trabajadores, quienes ya perciben el nuevo salario desde hace tres quincenas.
Bedoya explicó que la postura de la SAC responde a la existencia de un marco legal establecido: "No tiene sentido cambiar el salario vigente en este momento, ni para las empresas ni para los trabajadores, y así se lo hicimos saber al Gobierno". Sin embargo, aclaró que esto no implica que compartan la justificación económica del aumento, pues consideran que el incremento no responde a las condiciones del mercado laboral ni a la realidad económica del país.
El dirigente señaló que el aumento salarial ha tenido repercusiones en la economía, incluyendo la elevación en 100 puntos básicos de la tasa de interés por parte del Banco de la República, lo que encareció el crédito tanto para trabajadores como para empresas. También advirtió presiones inflacionarias en sectores intensivos en mano de obra, como hoteles y restaurantes, donde en enero de 2026 reportaron una inflación del 2.94%, frente a 1.9% en el año anterior.
La SAC advirtió que el incremento salarial no beneficiará a los más de 11 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo ni a los 13 millones que laboran en la informalidad, quienes no podrán acceder a la formalización laboral bajo estas condiciones. Bedoya sostuvo que la medida podría incluso complicar la formalización, ya que elevará los costos laborales para las empresas, dificultando el proceso.
En el sector rural, los empresarios han tenido que ajustar sus estructuras de costos para cumplir con la nueva tarifa salarial. Bedoya ejemplificó que en la floricultura, sector que enfrenta también retos como la tasa de cambio y nuevos aranceles para exportar a Estados Unidos, las empresas harán pagos en la medida en que puedan y conforme a las circunstancias del negocio.
Por otro lado, en la mesa de concertación, el Gobierno consideró la posibilidad de establecer un salario móvil, aunque aún no hay una definición clara al respecto. Bedoya indicó que, por ahora, solo se trata de propuestas sin un marco formal definido.
El gremio sigue atento a la respuesta oficial del Gobierno, especialmente al decreto que emitirá en los próximos días para justificar el porcentaje de aumento, tras la orden del Consejo de Estado. El dirigente manifestó su escepticismo respecto a la adopción de recomendaciones por parte del Ejecutivo, señalando que, si hubieran considerado cambios, estos habrían ocurrido en diciembre pasado.
Finalmente, Bedoya alertó que esta decisión podría provocar despidos, particularmente en pequeñas y medianas empresas, si no logran compensar los mayores costos laborales con aumentos en los precios de sus productos o servicios. Concluyó reiterando que, aunque nadie quiere despedir empleados, la sostenibilidad económica de las empresas será un factor clave para evitar pérdidas de empleo.
