La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) presentó un proyecto que busca ampliar la emergencia zoosanitaria a nivel nacional ante el incremento del riesgo de que la plaga del gusano barrenador se extienda hacia el centro y norte de México. El anteproyecto, publicado en la página web de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), establece que los propietarios que deseen trasladar especies como bovino, bufalino, porcino, ovino, caprino, bisontes o aves en el país, deberán contar con un Certificado Zoosanitario de Movilización expedido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Además, todos los animales transportados deberán pasar por un baño insecticida y una inspección física para verificar que no presenten heridas o presencia de gusaneras. Los envíos movilizados entre seis y 15 días después del primer tratamiento requerirán un segundo procedimiento en el origen o en un punto autorizado de inspección, mientras que los traslados posteriores a 15 días deberán reiniciar el proceso. La medida responde a la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, control y erradicación frente a una plaga altamente transmisible. Desde diciembre del año pasado, México mantiene cerradas sus fronteras con Estados Unidos para exportar ganado, debido a la presencia del gusano barrenador en animales, una restricción que aún no ha sido levantada pese a esfuerzos diplomáticos bilaterales. La presencia de este parásito —Cochliomyia hominivorax—, que afecta mamíferos de sangre caliente, ha provocado daños considerables en regiones del norte del país, como Chihuahua, Sonora, Coahuila y Tamaulipas. La mosca deposita huevos en heridas superficiales, y en menos de 24 horas, las larvas emergen y comienzan a alimentarse de tejidos vivos, poniendo en riesgo la salud animal y, potencialmente, la pública. La expansión del gusano barrenador desde la frontera sur y el incremento en la movilidad de animales y personas aumentan el peligro de dispersión, por lo cual la Sader considera urgente implementar acciones obligatorias para proteger a la industria ganadera y evitar consecuencias graves en la salud pública, concluyó.
