La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, confirmó su intención de postularse a la presidencia del país en las elecciones de 2028, en medio de un escenario político marcado por desacuerdos con el actual mandatario Ferdinand Marcos Jr. Duterte, hija del expresidente Rodrigo Duterte, realizó el anuncio durante un acto público, asegurando que ofrece su vida y compromiso al servicio de la nación.
Desde su anuncio, Duterte ha criticado a Marcos Jr. por presuntas irregularidades y la falta de cumplimiento de promesas realizadas durante su campaña en 2022, formación de la que ella formó parte. La relación entre ambas familias ha empeorado desde las elecciones, especialmente desde marzo de 2025, cuando la tensión política se acentuó tras la renuncia de Duterte a su cargo como ministra de Educación y su posterior retirada del Consejo de Seguridad Nacional.
Recientemente, Duterte fue objeto de una denuncia por parte del clero filipino, marcando su tercera acusación en pocos días. La legislación filipina establece que un proceso de juicio político requiere un dictamen en el Senado y, en caso de condena, podría inhabilitarla para participar en futuras elecciones.
Las disputas políticas se han intensificado en los últimos años, con acusaciones mutuas y denuncias de conspiraciones, incluyendo acusaciones de que Duterte es víctima de un complot para su asesinato. Duterte también ha denunciado públicamente que el Tribunal Penal Internacional (TPI) «secuestró» a su padre, Rodrigo Duterte, en un proceso que ella califica como una «caza de brujas» y «abuso» contra la justicia filipina.
Asimismo, Duterte ha cuestionado la legitimidad del proceso en La Haya y ha defendido el derecho de su padre a ser juzgado en Filipinas, además de denunciar la extracción forzosa del exmandatario a Países Bajos. Un panel del TPI ha revisado la capacidad de Duterte para participar en el proceso legal, confirmando que a sus 80 años, aún goza de plenitud de facultades para defenderse en los procedimientos judiciales.
El proceso ante el TPI continúa, con la audiencia de cargos programada para el 23 de febrero, en la que se espera definir la situación legal de Rodrigo Duterte, quien enfrenta acusaciones por presuntos crímenes cometidos durante su gestión. La iniciativa de Duterte a la presidencia en 2028 refleja su intención de mantener una presencia activa en el escenario político filipino a pesar de las tensiones institucionales y judiciales.
