La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a la familia de Sandra Camacho Aguilar, víctima de feminicidio ocurrido en Tlatelolco, CDMX, el 28 de junio de 2013.
Por unanimidad, la Corte ordenó que el caso sea devuelto a los juzgados para que emitan una nueva resolución, en la que la sentencia podría aumentar hasta 60 años de prisión.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá destacó en su proyecto que la sentencia contra Javier Méndez Ovalle, feminicida de Sandra, no consideró signos de violencia sexual ni se acreditó un abuso de confianza previo hacia la víctima.
El proceso legal del caso incluyó una resolución de un Tribunal Colegiado que dictó una sentencia de 60 años de prisión para Méndez Ovalle, al reclasificar el delito de homicidio a feminicidio. Sin embargo, esa sentencia fue revocada tras una apelación de la defensa del inculpado.
La familia de Sandra llevó el caso a la Corte, que determinó que en la causa penal existen elementos suficientes para acreditar la razón de género relacionada con la violencia sexual y el abuso de confianza contra la menor, además de señalar la necesidad de una reparación del daño para los padres de la víctima.
Asimismo, la Primera Sala expresó su rechazo a la manera en que algunos medios de comunicación revictimizaron a Sandra, empleando un lenguaje sexista y desvalorante, que distorsiona la realidad, justifica la violencia y difama la imagen de la joven y su familia.
Cabe recordar que, en 2013, tras conocerse el feminicidio, algunos mediospublicaron que Javier era un “superdotado” y sugirieron que Sandra lo había provocado, lo que fue considerado una revictimización.
Las autoridades señalaron que Sandra, de 17 años, conoció a Javier, de 19, mediante Facebook. Tras conversar, acordaron verse en su departamento en Tlatelolco, donde fue asesinada y mutilada para intentar desaparecer su cuerpo.
Doce años después, la Corte ordenó que se dicte una nueva sentencia en la que se eliminen prejuicios de género que responsabilizan parcial o totalmente a Sandra por su muerte. La pena podría elevarse de 50 a 60 años de prisión.
Familiares y colectivos celebraron la resolución, calificándola como un hecho histórico.
El abogado de las víctimas expresó que esta resolución representa una justicia trascendente, no solo para este caso, sino para otros feminicidios y violencia de género en México.
La madre de Sandra afirmó que no le parecía justo que la condena fuera solo de 50 años, considerando la gravedad del feminicidio, y manifestó que Sandra, desde el cielo, estaría exigiendo esta justicia.