La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes la discusión sobre la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024, en la que se evalúa si deben anularse leyes aprobadas sin consultar previamente a las personas con discapacidad. El caso surge en Michoacán, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos impugnó artículos de la Ley Orgánica estatal relacionados con visitas a albergues y centros psiquiátricos, argumentando que la legislación fue creada sin la participación adecuada del sector.
En una audición pública sin precedentes, activistas, académicos y representantes de organizaciones de personas con discapacidad participaron para expresar sus puntos de vista. La ministra ponente Lenia Batres Guadarrama explicó que la Corte revisa el criterio adoptado desde 2016, bajo el cual toda norma sancionada sin consulta debía ser declarada inválida. Desde entonces, se invalidaron 50 leyes en materia de discapacidad, la mayoría de las cuales ampliaban derechos, mientras que solo unas pocas los restringían, por lo que la Corte busca ajustar ese enfoque.
El nuevo planteamiento propone que las acciones de inconstitucionalidad por falta de consulta puedan presentarse únicamente a solicitud de personas con discapacidad, con un mínimo de 15 firmas conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Además, se sugiere que no sean invalidadas las leyes que simplemente refuercen derechos ya establecidos en la Constitución o en tratados internacionales.
Durante la audiencia, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó que el derecho a la consulta no está en duda, sino la forma en que se aplican las formalidades, para evitar que éstas frenen avances en materia de derechos. Activistas como Miguel Ángel Miranda Aquino advirtieron que exigir firmas podría complicar el acceso a la justicia constitucional, argumentando que para muchos, reunir 15 firmas puede ser una tarea casi imposible. Por su parte, otros participantes, como Ángel Ibarra Jasso, solicitaron que los congresos realicen consultas en territorio y en formatos accesibles, y que la creación de una ley específica de consulta para personas con discapacidad sea considerada.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa defendió la importancia de mantener el criterio actual, que obliga a los legisladores a realizar consultas significativas y previas antes de aprobar leyes que afecten a este sector. Resaltó que la Corte ha invalidado alrededor de 50 leyes por no tomar en cuenta la opinión de las personas con discapacidad y aclaró que la intención de la audiencia no es sustituir su voz, sino escucharla directamente antes de que la Corte emita una resolución.
Esquivel Mossa agregó que la SCJN todavía no ha establecido un nuevo criterio y que la decisión será tomada tras analizar todas las intervenciones y cumplir con las obligaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, el ministro Giovanni Azael Figueroa expresó su desacuerdo con modificar el criterio vigente, argumentando que todo asunto que afecte a las personas con discapacidad debe ser consultado desde el inicio, en línea con el principio de ‘Nada sobre nosotros sin nosotros’.
Figueroa también compartió una anécdota reciente para ejemplificar su postura: un manifestante en silla de ruedas que llevaba una manta que decía: ‘Por favor, no me empujes, mejor pregunta cómo puedes ayudarme’. Recalcó que muchas decisiones se toman en los ámbitos legislativos sin escuchar a las personas con discapacidad, lo que puede resultar en acciones perjudiciales o inútiles.
La Corte continuará la audiencia durante los próximos días para recibir más opiniones antes de definir un nuevo criterio, lo que podría redefinir el derecho a la consulta en México y la manera en que se legisla en materia de discapacidad.
