La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de la reforma al artículo 2248-D del Código Civil de la Ciudad de México, que establece un tope anual en los aumentos en contratos de arrendamiento para vivienda, cuyo incremento no podrá superar la inflación registrada en el año anterior. La resolución, que fue aprobada por unanimidad, busca frenar incrementos desproporcionados que afectan a los arrendatarios y promueven la justicia social en el acceso a la vivienda.
La decisión implica que, por ejemplo, una renta mensual de 5,000 pesos solo podrá subir 184.5 pesos en 2026, considerando una inflación del 3.69 por ciento en 2025. Esto elimina ajustes discrecionales que en algunos casos permitían aumentos por encima de la inflación, afectando a miles de inquilinos en la capital.
El Pleno de la SCJN rechazó el amparo promovido por Urbanhub México, que argumentaba que la medida vulneraba derechos como la libertad contractual, privacidad e igualdad. La empresa señalaba que el tope no distinguía entre diferentes tipos de vivienda, zonas o características del inmueble. Sin embargo, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, consideró que la norma responde a un fin constitucionalmente válido: garantizar la accesibilidad a la vivienda y prevenir desplazamientos forzados por aumentos desmedidos, especialmente en contextos de alta presión urbana.
Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf resaltó que la reforma fortalece el derecho a una vivienda digna, evitando cláusulas abusivas, mientras que la ministra Lenia Batres Guadarrama subrayó que la regulación busca un equilibrio justo entre los derechos de los inquilinos y los propietarios. Batres también destacó que el incremento del costo del suelo en la ciudad en las últimas décadas ha contribuido al desplazamiento de residentes.
Por otro lado, el Pleno dejó pendiente su pronunciamiento sobre el artículo 2248-F del mismo código, que prevé la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento gestionado por el gobierno capitalino. El ministro Arístides Guerrero García expresó preocupaciones respecto a la protección de datos personales, ya que dicho registro incluiría información sensible como nombres, ubicaciones y detalles de las propiedades, además del monto de la renta.
Con esta resolución, la SCJN fortalece la regulación del mercado de alquiler en la Ciudad de México, poniendo en el centro del debate la protección del derecho a la vivienda como un elemento fundamental para el acceso y la permanencia en la ciudad.
