SCJN declara inconstitucional la prohibición de matrimonio para personas con discapacidad en Quintana Roo

Por: Equipo de Redacción | 24/06/2025 15:30

SCJN declara inconstitucional la prohibición de matrimonio para personas con discapacidad en Quintana Roo

Por violar los derechos a la igualdad y no discriminación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó varias disposiciones del Código Civil de Quintana Roo que impedían a personas con discapacidad o enfermedades, ya sean reversibles o irreversibles, contraer matrimonio.

Con nueve votos a favor, la Corte aprobó el proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek, otorgando al Congreso de Quintana Roo un plazo de 12 meses desde la emisión de la sentencia para legislar en favor del respeto a la personalidad jurídica y la igualdad de las personas con discapacidad, incluyendo la obligación de realizar consultas previas antes de reformar el Código Civil.

Entre las disposiciones anuladas, se encontraban aquellas que impedían a personas con enfermedades o discapacidades, físicas, sensoriales, intelectuales, emocionales o mentales, celebrar contratos de matrimonio si estas impedían ejercer plenamente su voluntad o gobernarse por sí mismas.

Asimismo, las reformas de diciembre de 2023 establecían el requisito de un certificado médico para contraer matrimonio, el cual debía detallar los riesgos y medidas preventivas relacionadas con alguna enfermedad, lo que, según la Corte, promovía la discriminación y limitaba el reconocimiento de la capacidad jurídica.

Durante la sesión, el Ministro Laynez expresó: “El certificado médico en estos casos deja de ser una formalidad y se vuelve un medio de exclusión, permitiendo impedir el matrimonio sin ofrecer apoyo para que las personas ejerzan su capacidad jurídica. La exigencia del certificado contradice los derechos al reconocimiento de la capacidad jurídica universal.”

De esta manera, la SCJN invalidó tres artículos del Código Civil de Quintana Roo reformados en diciembre de 2023, ordenando al Congreso local que deroguen dichas disposiciones y promuevan una legislación que garantice los derechos humanos y la no discriminación de las personas con discapacidad.