El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, por mayoría de nueve votos, discutir en su última sesión del 12 de agosto el tema de la prisión preventiva oficiosa. La petición de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien solicitaba analizar la acción de inconstitucionalidad 49/2021 sobre este mecanismo, fue desestimada en una sesión privada celebrada el 1 de agosto. La ministra propuso una reinterpretación que elimine la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa, permitiendo a los jueces evaluar en cada caso si es necesaria, basándose en derechos humanos y estándares internacionales. A pesar de las presiones de organizaciones civiles y de una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de los ministros optó por no abordar el tema, dejando pendiente su discusión en el cierre del actual ciclo judicial. La decisión implica que, pese a las recomendaciones internacionales y a las exigencias sociales, la Suprema Corte cerrará su administración sin modificar el uso de este mecanismo, que ha sido objeto de debate por su impacto en derechos humanos.
