Este viernes se espera la visita de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del Órgano Interno de Control (OIC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) para dar seguimiento a la investigación por los hechos ocurridos el 29 de julio, cuando un grupo de personas ingresó sin identificación a la Rectoría del campus, que desde el 6 de mayo permanece cerrada tras una manifestación estudiantil que exigía educación gratuita, comedores comunitarios y mejores condiciones en los espacios universitarios.
La rectora Martha Patricia Zarza Delgado informó en conferencia de prensa que, tras acuerdos alcanzados el 31 de octubre con representantes del Enjambre Estudiantil Unificado, se definieron cinco puntos centrales para avanzar en la recuperación del edificio. Destacó que la denuncia presentada ante la FGJEM debe ser ampliada por quienes mantienen el resguardo del inmueble, y que la fiscalía solicitará declaraciones adicionales y elementos especializados para fortalecer la investigación.
Zarza Delgado aclaró que no se contempla un desalojo del edificio, ya que el objetivo principal es el diálogo y la transparencia en el proceso.
Reconoció que el retraso en la recuperación del inmueble ha afectado trámites académicos y ha ocasionado daños estructurales debido a humedad, presencia de fauna nociva y riesgos al patrimonio cultural, cuya rehabilitación dependerá del diagnóstico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Algunos sistemas internos de la universidad también resultaron dañados, impactando actividades administrativas.
La rectora llamó a priorizar un acuerdo interno que beneficie a toda la comunidad universitaria y destacó que en los últimos seis meses se han realizado más de 50 mesas de trabajo, logrando retomar las actividades presenciales en 55 espacios académicos. Enfatizó que no hay vencedores ni vencidos, sino una comunidad crítica y activa, y que la Rectoría seguirá siendo un espacio abierto.
Acompañaron a Zarza Delgado en la conferencia la titular del OIC, María de Jesús Cruz Camarena, además de consejeros estudiantiles y docentes, quienes coincidieron en la importancia de avanzar hacia una solución que privilegie los intereses de la universidad y su comunidad.
