Durante el ciclo escolar 2024-2025, en el Estado de México se han reportado 1,198 casos de venta de comida chatarra en escuelas, involucrando a 692 planteles educativos, según la plataforma “Mi Escuela Saludable” del Poder del Consumidor. Esto representa un aumento del 3,423% en comparación con los 34 casos reportados hasta el 29 de marzo, fecha en que entró en vigor la estrategia Vida Saludable, evidenciando un crecimiento exponencial.
De los reportes, el 72.4% corresponde a la venta de refrescos, el 91.2% a productos chatarra y el 58.3% no venden frutas ni verduras. Además, el 81.1% de los planteles no cuenta con comité de vigilancia para prevenir estas ventas y el 86.6% carece de bebederos de agua. En contraste, Aguascalientes ha reportado 41 casos y 22 planteles denunciados.
Durante una conferencia de prensa, especialistas en salud y jurisprudencia, encabezados por El Poder del Consumidor, pidieron a los tribunales del país que actúen con imparcialidad en los amparos presentados por empresas líderes en productos chatarra. También hicieron un llamado a la población para que participe en la evaluación del estado de los alimentos y bebidas en las escuelas y continúe reportando incumplimientos en cumplimiento de la Ley de Alimentos y Bebidas Permitidos y No Permitidos en instituciones de nivel básico.
Frente a la próxima jornada electoral judicial del 1 de junio, el Poder del Consumidor exigió acabar con las desigualdades en la administración de justicia y resistir los recursos legales —como los más de 160 presentados a nivel nacional contra los etiquetados— promovidos por las grandes empresas para evitar afectaciones económicas.
En el ejercicio titulado “La justicia no se negocia”, participaron Isabel Rubio, Claudia Moreno, Larisa de Orbe y Javier Zúñiga, quienes hicieron un llamado a los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para mantener su independencia respecto a poderes políticos y económicos, y no ceder a los intereses de corporativos de tabaco, bebidas azucaradas, productos ultraprocesados, plásticos y minería.
Rubio señaló que los jueces y magistrados deben priorizar siempre el interés público, considerando que las enfermedades no transmisibles, relacionadas en un 77% con factores como el tabaquismo, representan una grave carga para la población, especialmente para mujeres, niños y adolescentes. Destacó que, aunque la SCJN ha emitido decisiones favorables en temas como el etiquetado frontal y la regulación del tabaco, los litigios impulsados por las industrias han logrado frenar o revertir esas políticas, violentando derechos humanos.
Moreno lamentó que la industria tabacalera intente bloquear políticas públicas de protección a la salud, incluyendo amparos contra espacios libres de humo, publicidad y restricciones a vapeadores. Alertó que las próximas instituciones judiciales deben estar libres de conflictos de interés y actuar en defensa de derechos y el interés común.
De su lado, Larisa de Orbe expresó su preocupación por la producción y desecho de plásticos, problemática agravada por la intervención de las corporaciones en toda la cadena de producción. Insistió en que el poder judicial debe basar sus decisiones en la protección de derechos humanos, salud, justicia ambiental y participación comunitaria, en línea con el Acuerdo de Escazú.
Zúñiga hizo énfasis en la necesidad de que los candidatos a cargos en el Poder Judicial mantengan su autonomía frente a poderes políticos y económicos. Recordó que organizaciones de la sociedad civil han luchado durante años contra las resistencias de la industria para implementar regulaciones, enfrentándose a más de 160 amparos. Entre las empresas y organizaciones que han interpuesto recursos se encuentran Coca-Cola, JUMEX, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, universidades y otras empresas, en respuesta a las regulaciones sobre venta de comida en las escuelas y etiquetado de productos.