La declaración de un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao, vigente desde hoy miércoles 22 de octubre de 2025, ha generado diversas dudas sobre las restricciones aplicables a la ciudadanía. Tras analizar la norma publicada en el diario oficial El Peruano y el anuncio del presidente interino José Jerí, se confirma que las reuniones familiares en espacios privados no están prohibidas.
El Decreto Supremo n° 124-2025-PCM, que respalda la medida, establece restricciones relacionadas con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada, pero no contempla la suspensión de eventos como cumpleaños, bodas o bautizos realizados en domicilios particulares.
Según el decreto, la declaración de estado de emergencia en Lima y Callao obedece a motivos de "seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada y delitos conexos". La medida, que entró en vigor hoy, implica restricciones en derechos constitucionales como la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio, aunque con ciertas excepciones.
El artículo 2 del decreto señala que "las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo". Los eventos deportivos, espectáculos y otros eventos multitudinarios requerirán autorización de las autoridades, quienes evaluarán si no representan un riesgo.
El decreto menciona explícitamente la restricción de "reuniones sociales, espectáculos y eventos masivos" y categoriza manifestaciones y concentraciones públicas que puedan afectar el orden público. Sin embargo, deja claro que los encuentros en domicilios y las visitas familiares no están prohibidos, por lo que las reuniones en hogares, como cumpleaños, matrimonios civiles y bautizos, siguen permitidas.
La confusión generada tras el anuncio se aclaró con la publicación oficial del decreto en El Peruano y la revisión del texto integral por parte de Infobae Perú. La norma establece la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para mantener el orden interno, en coordinación con las autoridades regionales y municipales.
Se autoriza a la PNP a realizar detenciones, controles de identidad y registros en zonas y horarios considerados de riesgo, especialmente en áreas identificadas por el Comité Territorial y las agencias de inteligencia. Además, se crea el Comité de Coordinación Operativa Regional (CCOR) y el Comité de Fiscalización (CF) para supervisar el cumplimiento de las medidas.
El gobierno también refuerza la lucha contra la criminalidad, el tráfico ilícito de armas y la trata de personas en las zonas en estado de emergencia. Se ordenan planes de seguridad en mercados ilegales, puntos de venta informales de chips telefónicos y operativos para controlar el transporte informal y otros puntos críticos en Lima y Callao.
El estado de emergencia tendrá una duración inicial de 30 días calendario, con posibilidad de renovación según evolucione la situación de seguridad. Las autoridades han pedido a la población informarse únicamente por canales oficiales y han asegurado que las restricciones se limitarán a las indicaciones del decreto.
El Perúano fue la fuente oficial para la difusión del decreto, cuya interpretación y vigencia confirman también la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios involucrados. Se reafirma que las reuniones familiares y otros eventos privados no están prohibidos, siempre y cuando no sean masivos ni representen un riesgo para la seguridad pública.
Las autoridades de Lima y Callao monitorearán continuamente los avances en la reducción de delitos y la efectividad de los controles durante los próximos días y semanas.
