Tras la aprobación de nuevas leyes contra la desaparición forzada en el reciente periodo extraordinario del Congreso, la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, realizó un llamado a los gobiernos estatales para intensificar su compromiso con la Agenda Nacional de Derechos Humanos. En particular, pidió reforzar acciones en la búsqueda de personas desaparecidas y la protección de la libertad de expresión.
Rodríguez informó que mantuvo una reunión con los secretarios de Gobierno de las 32 entidades federativas para fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno en favor de las víctimas y en defensa de los derechos fundamentales.
“Los llamamos a trabajar juntos en favor de las familias de personas desaparecidas para que puedan encontrar justicia, y también a defender la libertad de expresión, porque más allá de diferencias políticas, nos une el deseo de que a México le vaya mejor”, expresó la funcionaria, quien agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del subsecretario de Gobernación, Arturo Medina.
En el encuentro, se destacó la importancia de garantizar derechos y libertades, señalando que los esfuerzos conjuntos entre estados y federación son clave para avanzar en el acceso a la verdad y la justicia.
Uno de los temas principales fue la implementación de la Ley General en materia de desaparición, aprobada en junio, que incorporó 570 propuestas provenientes de mesas de diálogo con colectivos de búsqueda, en las que participaron más de mil personas.
Rodríguez también subrayó la necesidad de defender la libertad de expresión como un derecho y una obligación constitucional, en línea con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por su parte, el subsecretario Medina presentó avances del Protocolo Tipo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, adoptado por la Ciudad de México y Zacatecas, y reiteró la disposición de la Secretaría para colaborar con las entidades en garantizar el derecho a la manifestación libre.
La reunión contó con la participación de secretarias y secretarios de Gobierno de los 32 estados, así como subsecretarios y responsables de áreas de derechos humanos, gobernabilidad y asuntos jurídicos.
Este llamado de la Segob ocurre en un contexto de creciente presión social e internacional ante la crisis de desapariciones forzadas en México. En diciembre de 2023, el gobierno federal, dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció una controvertida revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que redujo considerablemente las cifras oficiales.
Organismos de derechos humanos y familiares de víctimas criticaron que la administración minimizó la crisis y desmanteló mecanismos clave, como la Comisión Nacional de Búsqueda.
A pesar de que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha prometido reconstruir la confianza y presentó una iniciativa de reforma legal, organizaciones y familiares consideran que dichas acciones no abordan en profundidad el problema, pues carecen de un plan integral de atención a las víctimas.
Por otro lado, el impulso a la libertad de expresión se da en medio de debates sobre recientes reformas legales, advirtieron organismos de periodistas y defensores digitales, quienes señalan que podrían facilitar la vigilancia gubernamental y el control de medios digitales y redes sociales, bajo el pretexto de seguridad nacional y combate a delitos.
La Agenda Nacional de Derechos Humanos busca consolidar una articulación efectiva entre los gobiernos estatales y el federal para diseñar políticas públicas que sean más respetuosas y útiles en la protección de los derechos humanos en México.
