El Senado de la República implementó un operativo de seguridad sin precedentes para la toma de protesta de los 881 nuevos integrantes del Poder Judicial, evento que se realiza en medio de estrictas restricciones y medidas de blindaje elaboradas por el Grupo Parlamentario de Morena. Las calles cercanas, incluyendo Madrid, París y Paseo de la Reforma, fueron cerradas con vallas metálicas y presencia de grupos antimotines, con el fin de resguardar el ingreso de ministros, magistrados y jueces electos el pasado 1 de junio. Además, se limitaron los accesos vehiculares para prensa y personal autorizado, así como el movimiento de periodistas dentro del recinto durante la ceremonia.
En un comunicado interno, la Cámara alta justificó estas acciones para evitar contratiempos en la llegada de los nuevos jueces, informando que los medios de comunicación permanecerán en áreas específicas y limitadas, como la sala de prensa en sótano 2, palco 1 para televisión y palco 2 para reporteros gráficos. Los accesos a varios espacios del recinto fueron cerrados de manera expresa.
La transmisión de la ceremonia será en vivo vía redes sociales, con el propósito de garantizar el derecho a la información, en un evento que inicia a las 19:30 horas y culmina a las 21:30 horas, con la protesta de ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, además de jueces de Circuito y Distrito.
Este acto oficial marca la renovación de 881 cargos judiciales, resultado de la reforma judicial de 2024, impulsada por la mayoría de Morena, en alianza con el PVEM y PT. La reforma redujo el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, disminuyó su periodo de 15 a 12 años, y creó el Tribunal de Disciplina Judicial en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, con nuevas reglas sobre remuneraciones y transparencia.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, calificó la ceremonia como un acto fundacional del Estado mexicano y explicó que la toma de protesta en bloques obedece a la cantidad de jueces por nombrar. Además, las restricciones incluyen limitar a un solo invitado por cada nuevo juez y restringir la asistencia de familiares y amigos.
Estas medidas, promovidas por el oficialismo, han generado rechazo en la oposición, con el PRI anunciando su no participación por considerar que la reforma judicial representa una intervención autoritaria que perjudica la autonomía judicial, y el PAN condicionando su presencia a debates públicos sobre la reforma.
Este evento ha puesto en evidencia la polarización en torno a los cambios judiciales, mientras que la comunidad jurídica y los partidos políticos enfrentan un escenario marcado por restricciones y posicionamientos enfrentados.
