El 18 de enero de 2019, Tlahuelilpan, Hidalgo, fue escenario de una explosión provocada por una toma clandestina de combustible que dejó un saldo de 138 muertos. A seis años del suceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte que el robo de hidrocarburos continúa en aumento.
Según reportes de El Sol de México, en los días previos a la explosión, Petróleos Mexicanos (Pemex) identificó tres tomas clandestinas en el ducto que atraviesa Tlahuelilpan.
El Informe Especial de Tlahuelilpan señala que Hidalgo es la entidad con mayor número de carpetas de investigación abiertas por huachicoleo. Datos del Observatorio Ciudadano IGAVIM muestran que en 2018, con aproximadamente dos mil puntos de extracción, Hidalgo pasó del quinto al primer lugar nacional en este ilícito, posición que mantiene.
La CNDH informa que, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), del 1 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2022, en Hidalgo se han iniciado 4,798 carpetas de investigación por robo de combustible y se han localizado 10,214 tomas clandestinas. Además, se aseguraron más de 3 millones 280 mil litros de hidrocarburo y 181 mil 237 litros de gas LP.
En cifras, Pemex reportó pérdidas de mil 900 millones de pesos en 2021 y de 5 mil 599.87 millones en 2022, atribuibles al robo de combustible.
Pese a esto, la CNDH critica que Pemex no ha implementado un plan integral ni mecanismos efectivos para prevenir, detectar o reducir estas actividades ilícitas. La organización recomienda incrementar recursos humanos y materiales, mejorar la vigilancia de ductos y capacitar al personal en procedimientos de mantenimiento, clausura de tomas ilegales y gestión de la presencia de personas en zonas de extracción.
La falta de acciones estatales para reparar el daño a las víctimas y al medio ambiente es otro aspecto señalado por la CNDH. Se destaca que al menos 194 menores quedaron huérfanos tras la pérdida de uno de sus padres, por lo que se exige reconocimiento, reparación integral y apoyo a estas víctimas indirectas.
Asimismo, la Comisión lamenta que ninguna autoridad, en todos los niveles de gobierno, haya dialogado con las comunidades afectadas respecto a la recuperación del suelo o la creación de un memorial en honor a las víctimas.
Por otro lado, la contaminación ambiental provocada por el derrame y posterior incendio sigue sin ser atendida. La presencia de hidrocarburos en el suelo y agua altera sus características físicas, químicas y biológicas, perjudicando flora, fauna y comunidades locales.
La CNDH confirma que la zona permanece contaminada por sustancias químicas, sin haberse realizado aún una restauración adecuada ni reparación del daño ambiental causado.
