Por su probable implicación en delitos de extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión, seis personas fueron vinculadas a proceso tras ser detenidas durante la Operación Liberación.
Esta estrategia conjunta de fuerzas federales y estatales busca combatir prácticas de coacción que obligan a unidades económicas a pagar cuotas ilegales o adquirir bienes y servicios bajo esquemas extorsivos.
Entre los imputados se encuentra Yareli N., tercera regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, quien está relacionada con un proceso por su presunta participación en el secuestro exprés de un comerciante. La investigación señala que la víctima fue llevada a un hotel, donde supuestamente Yareli N. le exigió un pago bajo amenazas, alegando pertenecer a la Familia Michoacana.
También fue vinculado a proceso Gonzalo N., apodado líder del Sindicato “Bradosva”, quien, de acuerdo con las indagatorias, controlaba la distribución de materiales de construcción en Valle de Bravo y exigía pagos a proveedores, incluyendo 15 mil pesos por ingreso y cuotas de 2,500 pesos por cada viaje.
Jorge N., presunto líder de madererías en Valle de Bravo, enfrenta proceso por extorsión, tras supuestamente amenazar a un comerciante para que entregara 100 mil pesos y cuotas mensuales, además de obligarlo a comprar exclusivamente madera en su negocio.
Antonio N., vinculado a un grupo dedicado a la venta de carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán, habría amenazado de muerte a una víctima que se negó a comprarle carne exclusiva.
Alicia N. y José Fernando N. enfrentan proceso por exigir a un comerciante la compra de madera con un sobreprecio del 12%, amenazando con impedirle seguir trabajando si no accedía.
Durante las audiencias, el juez determinó que había pruebas suficientes para mantener a los seis en investigación, y se les impuso prisión preventiva oficiosa. Mientras tanto, continúan en centros penitenciarios del Estado de México, con un plazo de investigación hasta el 23 de septiembre.
De ser considerados responsables, los imputados podrían enfrentar penas de hasta 80 años de prisión por secuestro exprés con fines de extorsión, y hasta 70 años por extorsión agravada.
La Operación Liberación forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, contando con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Fiscalía estatal y la Comisión Nacional contra el Secuestro y Extorsión.
Cabe destacar que dos personas detenidas en el mismo operativo, Eli N. y Bernardo Alejandro N., aún están en proceso de resolución de su situación jurídica, con audiencia programada para el lunes 28 de julio.
