La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que esta semana el Pleno senatorial discutirá la reforma constitucional que dará un marco legal uniforme para combatir la extorsión en México. La reforma, aprobada el pasado 18 de septiembre por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, busca modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a emitir la Ley General en Materia de Extorsión.
El proyecto, presentado inicialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, será sometido a discusión y posible aprobación en ambas Cámaras y, posteriormente, en los Congresos Estatales. Si se ratifica, entrará en vigor y el Congreso tendrá 180 días para elaborar la legislación secundaria correspondiente.
Actualmente, la extorsión es un delito que contempla diferentes tipos y sanciones según las leyes federales y estatales, lo que genera notable discordancia. Las penas varían desde dos hasta 30 años de prisión, dependiendo de la entidad, con sanciones menores en algunos estados como Oaxaca (uno a tres años) y mayores en Chihuahua (hasta 30 años).
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las víctimas más afectadas se concentran en el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, que sumaron en conjunto el 61.8 por ciento de casos reportados entre 2024 y enero de 2025, siendo el Estado de México el más afectado con un 33.1 por ciento.
Castillo destacó que esta reforma contribuirá a homologar los criterios y sanciones, lo que ayudará a reducir la impunidad y a otorgar a las autoridades herramientas más eficaces para combatir un delito que afecta a familias y empresas en todo el país. La iniciativa busca consolidar un marco legal que facilite acciones coordinadas y eficaces contra la extorsión en México.
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